El ministerio no lo es todo

Carlos Herz

Siendo un avance el poder contar con una institucionalidad ambiental con rango ministerial, el problema no termina sino que nos pone por delante una serie de desafíos que deben ser atendidos, algunos con suma urgencia. Cabe precisar que sin voluntad política de los que toman decisiones, sin proyecto de país con visión de futuro y sin consensos sociales y políticos, lo que pueda hacer un Ministerio del Ambiente no será mucho en una realidad como la peruana. Pero para ser más preciso y concreto, si queremos realmente evitar que el ministerio a crearse sea más de lo mismo creemos que todo dependerá de cuanto podemos tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales:

El medio ambiente no debe ser considerado como un tema sectorial sino como un concepto y práctica que está articulado al conjunto del desarrollo. Aprovechar bien nuestro patrimonio ambiental es indicador de visión de futuro sostenible.
La gestión ambiental es un tema que no se limita a lo que pueda hacer un ministerio, sujeto a decisiones políticas mas coyunturales, sino que corresponde a una acción de todo un sistema en el que participan diversas instituciones y organismos, públicos y privados.
El manejo del patrimonio ambiental es tarea de todos y todas, y solo si los diversos actores y agentes sociales, económicos y políticos están involucrados en esta tarea podremos tener resultados exitosos. Crear formas de concertación o coordinación permanentes para este fin se convierte en una acción prioritaria.
El ordenamiento territorial es un instrumento fundamental en el manejo de nuestros recursos y todo el patrimonio ambiental. Se necesita organizar técnica y racionalmente el uso del territorio de acuerdo a sus aptitudes, potencialidades y las prioridades de desarrollo sostenible.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es otro instrumento que debiera ser valorado en su real magnitud como el sustento que nos señala la viabilidad o no de una actividad productiva o extractiva. Es hora de dejar de lado que la idea de que la EIA se formula para justificar si o si la intervención de un proyecto de inversión en determinada localidad.
No puede haber actividad extractiva si no hay consentimiento social para hacerlo. Eso implica el respeto de las voluntades locales en un marco de diálogo y de información necesaria para llegar a decisiones bien pensadas.
Tiene que constituirse órganos de licenciamiento y supervisión ambiental con la suficiente solvencia técnica, económica y logística, así como con la independencia necesaria para tomar decisiones que no se modifiquen por intereses subordinados que provienen de otras instancias públicas y privadas.
La gestión ambiental requiere de un sistema de seguimiento (monitoreo) e información permanente y transparente ante la sociedad, con mecanismos de rendición de cuentas obligatorios en espacios diversos (municipios, regiones, ministerios, congreso nacional).
Sobre la base de las normas consensuadas para el manejo del patrimonio ambiental, se debe garantizar el suficiente control ciudadano y la actuación del orden público frente a las transgresiones y demás actos de degradación de recursos naturales.
Del mismo modo, se debe incorporar mecanismos de estímulo para propiciar buenas prácticas ambientales en los diversos sectores económicos y sociales.
La existencia de grandes conflictos socioambientales en determinadas actividades económicas, debe llevarnos a priorizar la atención de agendas urgentes con los diversos sectores involucrados, en temas como: la minería, los hidrocarburos, la pesca, la extracción de madera.
La realidad actual nos muestra que es prioritario contar con un plan permanente desarrollo de capacidades en el marco de una reforma integral de Estado, pero orientado en el corto plazo a crear mejores condiciones de gestión ambiental en los diversos escenarios y no solo locales.
La preocupante situación ambiental en el país nos debe conducir a promover rápidas y sostenidas campañas educativas y ante la opinión pública sobre temas prioritarios: manejo del agua, cambio climático, protección de biodiversidad, ahorro energético, limpieza pública)

¿Quién entiende la descentralización en el Perú?

Jans Erik Cavero Cárdenas

La Secretaría de Descentralización, organismo público dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros, infuncional al igual que su progenitor extinguido (el CND) aprobó en diciembre último la resolución 043-2007/PCM- SD, cuyo contenido no sólo demuestra la orfandad técnica de la entidad sino que desnuda, además, el solapado propósito político del gobierno central para obstaculizar el alicaído proceso de descentralización.

En efecto, al presidente de la secretaría, Grover Pango, se le ha ocurrido la brillante idea de regular normativamente la elección de representes de los gobiernos regionales y municipales, idea nada original puesto que emula lo que hacía el CND para justificar su generosa asignación presupuestal, otorgarse cierta dosis de legitimidad en el desarrollo de sus atribuciones y aparentar un escenario democrático de participación y consensos intergubernamentales.

Pero, ¿no es bueno que los gobiernos regionales y locales participen a través de sus representantes en instancias o consejos interinstitucionales? Depende. ¿De qué? de la conformación de esas instancias, los objetivos institucionales de las mismas, el ámbito de la política pública sobre la que se quiere incidir, así como el grado o fuerza que tenga la posición de los representantes subnacionales. Por lo tanto, no está en cuestionamiento la colaboración intergubernamental, sino la regulación de un acto electoral que bien podría haber recaído en instituciones no estatales como la Red de Municipalidades Rurales, ONGs, u otro colectivo.

Si los “consejos con participación interinstitucional” tienen una composición mayoritariamente nacional y se atribuye además cierto carácter decisorio, la participación de los representantes subnacionales no es significativa, desde que su presencia no tendrá impacto alguno para el cómputo de quórum, para adoptar un acuerdo, o sencillamente para desarrollar un proceso efectivo de incidencia política. En este contexto, se impondrá la voluntad del gobierno de turno, marginándose una vez más las voluntades regionales y locales. Vale la pena recordar el papel de los representantes subnacionales en el extinto CND.

Ahora bien, ¿En qué ámbitos se requiere la intervención de los gobiernos municipales y regionales? Usualmente se da en entidades que desarrollan políticas públicas escasamente relevantes: El Instituto Peruano de Deportes (IPD), la “Agencia Peruana de Cooperación Internacional” (APCI), la “Autoridad Portuaria Nacional” (APN). ¿Porqué no hay participación en entidades nacionales de peso como PROINVERSIÓN o FONAFE? El CONAM también tiene un ámbito trascendente de competencias, no obstante surge la duda de cómo quedaría la instancia participativa a este nivel si se pretende la creación de un ministerio de ambiente que absorbería el CONAM.

Adicionalmente es necesario advertir respecto a la naturaleza de tales consejos participativos. Si son instancias decisorias ¿en qué nivel participan los delegados subnacionales? ¿En la formulación, decisión, ejecución, evaluación de las medidas adoptadas? Si son instancias meramente consultivas ¿cuál es el incentivo para la intervención de los delegados? Si los representantes subnacionales no deciden, no veo cuál es el incentivo para participar en esos consejos, máxime cuando no existen pautas respecto al carácter vinculante o no de los acuerdos que en sus senos se adoptan.

En base a tales consideraciones, lo que advierto personalmente es la instrumentalización de los alcaldes y presidentes regionales para legitimar decisiones políticas centralistas, a menos que se sostenga que la sola participación es suficiente para que se configuren prácticas democráticas de buen gobierno, siendo irrelevante (o meramente accesoria) la decisión que devenga del proceso deliberativo. De esta forma, si los gobiernos regionales y locales no van a tener margen de poder en el tema minero ambiental, estamos frente a un reforzamiento ingenioso de la actividad gubernamental central.

Existen otros problemas conexos vinculados a las infraestructuras y a las nuevas tecnologías de información. Por ejemplo, ¿cuántas municipalidades distritales de las más de 1,830 tienen conexión a Internet? Me temo que hay muchos ayuntamientos rurales que carecen de telecomunicaciones, inclusive de electrificación, con lo cual resulta patente la dificultad material para emitir un voto electrónico. Ahora bien, ¿cuántos alcaldes conocen las herramientas mínimas de navegación por Internet? Todas estas cuestiones, aparentemente insignificantes, no aquejan los gobiernos regionales y las municipalidades urbanas con sede o no en las capitales de provincia. Pero, ¿las rurales?

La ingeniosidad (quizá ingenuidad) de Grover Pango es tal que su reglamento prevé el carácter indelegable del elector para una elección con votación electrónica. ¿Cómo hará el internauta de la secretaría de descentralización para asegurarse de que sea el alcalde o presidente regional quien votó por Internet? ¿Cómo evitar que una de estas autoridades políticas delegue su voto en uno de sus asesores, secretaria, o personal de confianza? No hay duda, la “Oficina de Desarrollo de Capacidades Regionales, Municipales y Articulación Interinstitucional de la SD ” (PCM) requiere urgente capacitación.

Finalmente, en un escenario de más de 150 alcaldes provinciales y más de 1830 distritales resulta complejo, sobretodo para los últimos, coordinar y lanzar a uno o dos candidatos de consenso, pues no todos los alcaldes se conocen entre ellos, con lo cual la representatividad queda en entredicho. Por ello, organizaciones no gubernamentales, redes municipales u otras entidades sin fines de lucro deberían encargarse de este acto electoral. Propuesta más audaz consiste en transferir la competencia a los gobiernos subnacionales, dejando que ellos sobre marcos generales centrales (si se trata de competencias compartidas) ejerzan sus respectivas autonomías.

Por lo tanto, la secretaría de descentralización, salvo opinión del gobierno y del partido aprista, es más de lo mismo. Entre SD y CND sólo hubo un cambio de etiqueta y mayor subordinación política a las ocurrencias de Jorge del Castillo y Alan García. Si a ello se agrega una burocracia inepta para desempeñar las atribuciones de un auténtico ente rector del proceso de descentralización, asistimos a un agónico proceso de conformación de autonomías, donde la instrumentalización de alcaldes y presidentes regionales, e inclusos ciudadanos, resulta útil para desplegar los últimos manotazos de ahogado.