El Parlamento del Perú: ¿Ser o no ser?
Jans Erik Cavero Cárdenas
Desde el triunfo del Parlamento sobre la corona inglesa en el siglo XVII, la institucionalidad adquirida por aquél fue sólidamente incuestionable, al punto de prescribirse como valor supremo del sistema político inglés el principio de soberanía del Parlamento. Desde entonces y hasta hoy todos los Estados del planeta tienen sus poderes legislativos, sean unitarios o federales, monarquías constitucionales o repúblicas, parlamentarios o presidenciales, comunistas o capitalistas, conservadores o liberales, ricos o pobres, industrializados o no.
No hay país que escape a la democracia representativa que emana de los Estados liberales burgueses del siglo XVIII. Se denominan Cámaras legislativas, Congreso, Cortes Generales; Asambleas Nacionales, Bundestag, Duma, Dieta, Cámara de Representantes, Cámara de los Diputados, Cámara de los Comunes, Estados Generales, o sencillamente Parlamentos. En la actualidad nadie cuestionaría su existencia teleológica, pero el trabajo desplegado en las diferentes legislaturas invita a reflexionar profundamente sobre su funcionalidad, sobretodo en el caso del Perú.
Un Parlamento bueno tiene que ser representativo, democrático, plural, estable, eficiente, eficaz y legítimo. El Congreso de la República intenta ser democrático, es plural y legítimo. Es poco representativo, nada eficiente y con eficacia nula en el ejercicio de sus atribuciones, sobretodo las de legislación y fiscalización. De todas estas características nos centraremos en la eficacia y eficiencia como parámetros de una efectiva gestión legislativa, pues aún cuando los representantes sean libremente elegidos un déficit de gestión puede suponer la pérdida de legitimidad por parte de los ciudadanos.
Pues bien, para darse una idea de la función legislativa del Congreso peruano basta con acceder a su Web oficial (www.congreso. gob.pe).. Cualquier cibernauta quedará atónito al encontrar proyectos de ley que proponen lo siguiente: regular modificaciones sobre el reconocimiento oficial del Pisco como denominación de origen peruano (2384/2007); prohibir el uso de animales en los circos (2382/2007); conceder pensión de gracia a Paula Carmela Navarro Ormeño (2381/2007); declarar de necesidad e interés la construcción de la presa “Calzada - Valle La Leche ” -Lambayeque- (2379/2007); incorporar documento válido para acreditar período de aportación a la pensión de jubilación (2372/2007); dar fuerza de ley al DS 004-2008-MIMDES, que precisa que los estatutos de toda organización jurídica sin fines de lucro deberán adecuarse a las normas de la Constitución y de la ley (2371/2007).
La lista es muy extensa. Continuemos un poco más con proyectos de ley recientes y escogidos de manera aleatoria: El 2368 propone declarar a Paita ciudad puerto interoceánica; el 2363 prevé la capacitación de presidentes regionales antes de que asuman sus cargos; el 2356 busca otorgar el grado inmediato superior al personal de la sanidad PNP; el proyecto 2347 regula el derecho por extracción de materiales de los causes de los ríos por las municipalidades.
¡Por Dios santo, diría una agnóstico como yo, ¿qué clase de energúmenos hemos elegido como representantes? Todos los grupos parlamentarios y aquellos no agrupados no merecen ostentar cargo congresal. Lógicamente son responsables solidarios de tremenda incompetencia los asesores de despacho, asesores de comisión, y la propia oficialía mayor, encargada de derivar los proyectos de ley a las diferentes comisiones de trabajo, sin un ápice de análisis más que el formal.
Pero además de los congresistas ¿quiénes serían los otros responsables principales? Los partidos políticos, sin duda alguna, pues depende exclusivamente de ellos el que un militante sea o no candidato. Si en una organización política se prefiere al amigo, al compadre, a los militantes de buen corazón, a jóvenes inexpertos, a falsos revolucionarios, a inmorales o amorales, o a personas escasamente preparadas, no esperemos mucho de las asambleas que pretendemos elegir, sean nacionales, regionales o municipales.
Si continuamos evaluando el Congreso nos toparemos con el grandilocuente documento rotulado “Indicadores de Gestión (2007 – 2008)”, cuyo contenido de por sí atemoriza a quienes investigamos temas de gestión pública. OH sorpresa, el único indicador diseñado por la “Dirección General Parlamentaria de Oficialía Mayor” es el número de proyectos de ley; es decir, la eficacia y eficiencia del Parlamento se miden en base a un criterio cuantitativo, antojadizo por cierto, que da cuenta del número de proyectos presentados, aprobados, rechazados, devueltos a comisión, publicados, etc.
Bajo esta absurda lógica sería eficiente y eficaz el congresista o grupo parlamentario que ha conseguido la aprobación del mayor número de proposiciones legislativas. Tal distinción recaería en la alianza APRA – UN y Fujimoristas, dado que al ser mayoría parlamentaria no solamente tienen los votos necesarios en el Pleno para aprobar un proyecto burdo, sino que cuentan con la presidencia del Congreso para poner en agenda las propuestas de los compañeros, y sobretodo con la venia de Alan García para no observar las autógrafas que llegan a sus manos.
Indicadores claves de gestión como el impacto de un proyecto de ley, la relevancia económica, el ámbito de política pública sobre la que incide, el nivel de consenso que supone, entre otros, no lo ven ni el personal técnico del Congreso, ni los legisladores, muchos menos sus asesores. Todo ello me hace plantear la hipótesis de que en el Perú no hay gestores públicos, directivos públicos, reformadores del Estado, élite profesional en temas de gestión pública, modernizadores de la administración, y por último, liderazgo político.
Entonces ¿cuál es la utilidad del único indicador cuantitativo ofrecido por oficialía mayor? Soslayar la infuncionalidad del Congreso y acaso reflexionar sobre su papel dentro de nuestro sistema político. Veamos porqué:
En el periodo anual 2007 – 2008 se han aprobado 196 proyectos de ley, de las cuales han sido publicadas 153 leyes. A pesar de que el Poder Ejecutivo presentó 162 iniciativas (18%), frente a 662 de los grupos parlamentarios (74%), siendo el APRA con mayor proyectos presentados (185), el Pleno del Congreso aprobó sólo 34 proyectos de iniciativa suya frente a los 96 proyectos de iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, el Parlamento le aprueba al Ejecutivo el 59% de sus proyectos, mientras que a sus miembros les aprueba tan sólo el 5% de sus iniciativas.
Es cierto que en el mundo de hoy los gobiernos legislan más que los propios Parlamentos; también es cierto que el ordenamiento peruano prevé trato preferente a las iniciativas legislativas del Ejecutivo; pero no es menos cierto que esta tendencia llevada a su punto extremo puede convertir a los segundos en innecesarios, máxime cuando tampoco son efectivos en su labor de representación y sobretodo de fiscalización. El caso peruano es un ejemplo típico de inmunidad vergonzosa cada vez que los gobiernos han tenido mayoría parlamentaria (con o sin alianzas), siendo los Congresos meras mesas de parte del Ejecutivo, garantes de nepotismo, corrupción, ineficiencia y otros atributos de un Parlamento malo.
Es hora de repensar de un Parlamento moderno e innovador. La unicameralidad ha demostrado ser perversa e infuncional. Los grandes temas del país y que involucran a una gran colectividad deben ser objetos de ley, empero los asuntos más administrativos, ejecutivos, singulares, específicos, siempre que no estén reservados a ley ordinaria, deben ser regulados por el gobierno, por los ayuntamientos o por los gobiernos regionales. Al mismo tiempo, es imprescindible de que el órgano administrativo del Congreso sea asumido por profesionales competentes, expertos en gestión, independientes y que ostenten los méritos necesarios.
Estas reformas y otras de índole institucional son claves. No obstante, ninguna enmienda será efectiva si los partidos políticos no cambian de mentalidad y adoptan una nueva filosofía basada en la ética, en liderazgos legítimos y en lo méritos y competencias de sus militantes que pugnen un cargo público representativo. El reto es por tanto de los partidos políticos.
Desde el triunfo del Parlamento sobre la corona inglesa en el siglo XVII, la institucionalidad adquirida por aquél fue sólidamente incuestionable, al punto de prescribirse como valor supremo del sistema político inglés el principio de soberanía del Parlamento. Desde entonces y hasta hoy todos los Estados del planeta tienen sus poderes legislativos, sean unitarios o federales, monarquías constitucionales o repúblicas, parlamentarios o presidenciales, comunistas o capitalistas, conservadores o liberales, ricos o pobres, industrializados o no.
No hay país que escape a la democracia representativa que emana de los Estados liberales burgueses del siglo XVIII. Se denominan Cámaras legislativas, Congreso, Cortes Generales; Asambleas Nacionales, Bundestag, Duma, Dieta, Cámara de Representantes, Cámara de los Diputados, Cámara de los Comunes, Estados Generales, o sencillamente Parlamentos. En la actualidad nadie cuestionaría su existencia teleológica, pero el trabajo desplegado en las diferentes legislaturas invita a reflexionar profundamente sobre su funcionalidad, sobretodo en el caso del Perú.
Un Parlamento bueno tiene que ser representativo, democrático, plural, estable, eficiente, eficaz y legítimo. El Congreso de la República intenta ser democrático, es plural y legítimo. Es poco representativo, nada eficiente y con eficacia nula en el ejercicio de sus atribuciones, sobretodo las de legislación y fiscalización. De todas estas características nos centraremos en la eficacia y eficiencia como parámetros de una efectiva gestión legislativa, pues aún cuando los representantes sean libremente elegidos un déficit de gestión puede suponer la pérdida de legitimidad por parte de los ciudadanos.
Pues bien, para darse una idea de la función legislativa del Congreso peruano basta con acceder a su Web oficial (www.congreso. gob.pe).. Cualquier cibernauta quedará atónito al encontrar proyectos de ley que proponen lo siguiente: regular modificaciones sobre el reconocimiento oficial del Pisco como denominación de origen peruano (2384/2007); prohibir el uso de animales en los circos (2382/2007); conceder pensión de gracia a Paula Carmela Navarro Ormeño (2381/2007); declarar de necesidad e interés la construcción de la presa “Calzada - Valle La Leche ” -Lambayeque- (2379/2007); incorporar documento válido para acreditar período de aportación a la pensión de jubilación (2372/2007); dar fuerza de ley al DS 004-2008-MIMDES, que precisa que los estatutos de toda organización jurídica sin fines de lucro deberán adecuarse a las normas de la Constitución y de la ley (2371/2007).
La lista es muy extensa. Continuemos un poco más con proyectos de ley recientes y escogidos de manera aleatoria: El 2368 propone declarar a Paita ciudad puerto interoceánica; el 2363 prevé la capacitación de presidentes regionales antes de que asuman sus cargos; el 2356 busca otorgar el grado inmediato superior al personal de la sanidad PNP; el proyecto 2347 regula el derecho por extracción de materiales de los causes de los ríos por las municipalidades.
¡Por Dios santo, diría una agnóstico como yo, ¿qué clase de energúmenos hemos elegido como representantes? Todos los grupos parlamentarios y aquellos no agrupados no merecen ostentar cargo congresal. Lógicamente son responsables solidarios de tremenda incompetencia los asesores de despacho, asesores de comisión, y la propia oficialía mayor, encargada de derivar los proyectos de ley a las diferentes comisiones de trabajo, sin un ápice de análisis más que el formal.
Pero además de los congresistas ¿quiénes serían los otros responsables principales? Los partidos políticos, sin duda alguna, pues depende exclusivamente de ellos el que un militante sea o no candidato. Si en una organización política se prefiere al amigo, al compadre, a los militantes de buen corazón, a jóvenes inexpertos, a falsos revolucionarios, a inmorales o amorales, o a personas escasamente preparadas, no esperemos mucho de las asambleas que pretendemos elegir, sean nacionales, regionales o municipales.
Si continuamos evaluando el Congreso nos toparemos con el grandilocuente documento rotulado “Indicadores de Gestión (2007 – 2008)”, cuyo contenido de por sí atemoriza a quienes investigamos temas de gestión pública. OH sorpresa, el único indicador diseñado por la “Dirección General Parlamentaria de Oficialía Mayor” es el número de proyectos de ley; es decir, la eficacia y eficiencia del Parlamento se miden en base a un criterio cuantitativo, antojadizo por cierto, que da cuenta del número de proyectos presentados, aprobados, rechazados, devueltos a comisión, publicados, etc.
Bajo esta absurda lógica sería eficiente y eficaz el congresista o grupo parlamentario que ha conseguido la aprobación del mayor número de proposiciones legislativas. Tal distinción recaería en la alianza APRA – UN y Fujimoristas, dado que al ser mayoría parlamentaria no solamente tienen los votos necesarios en el Pleno para aprobar un proyecto burdo, sino que cuentan con la presidencia del Congreso para poner en agenda las propuestas de los compañeros, y sobretodo con la venia de Alan García para no observar las autógrafas que llegan a sus manos.
Indicadores claves de gestión como el impacto de un proyecto de ley, la relevancia económica, el ámbito de política pública sobre la que incide, el nivel de consenso que supone, entre otros, no lo ven ni el personal técnico del Congreso, ni los legisladores, muchos menos sus asesores. Todo ello me hace plantear la hipótesis de que en el Perú no hay gestores públicos, directivos públicos, reformadores del Estado, élite profesional en temas de gestión pública, modernizadores de la administración, y por último, liderazgo político.
Entonces ¿cuál es la utilidad del único indicador cuantitativo ofrecido por oficialía mayor? Soslayar la infuncionalidad del Congreso y acaso reflexionar sobre su papel dentro de nuestro sistema político. Veamos porqué:
En el periodo anual 2007 – 2008 se han aprobado 196 proyectos de ley, de las cuales han sido publicadas 153 leyes. A pesar de que el Poder Ejecutivo presentó 162 iniciativas (18%), frente a 662 de los grupos parlamentarios (74%), siendo el APRA con mayor proyectos presentados (185), el Pleno del Congreso aprobó sólo 34 proyectos de iniciativa suya frente a los 96 proyectos de iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, el Parlamento le aprueba al Ejecutivo el 59% de sus proyectos, mientras que a sus miembros les aprueba tan sólo el 5% de sus iniciativas.
Es cierto que en el mundo de hoy los gobiernos legislan más que los propios Parlamentos; también es cierto que el ordenamiento peruano prevé trato preferente a las iniciativas legislativas del Ejecutivo; pero no es menos cierto que esta tendencia llevada a su punto extremo puede convertir a los segundos en innecesarios, máxime cuando tampoco son efectivos en su labor de representación y sobretodo de fiscalización. El caso peruano es un ejemplo típico de inmunidad vergonzosa cada vez que los gobiernos han tenido mayoría parlamentaria (con o sin alianzas), siendo los Congresos meras mesas de parte del Ejecutivo, garantes de nepotismo, corrupción, ineficiencia y otros atributos de un Parlamento malo.
Es hora de repensar de un Parlamento moderno e innovador. La unicameralidad ha demostrado ser perversa e infuncional. Los grandes temas del país y que involucran a una gran colectividad deben ser objetos de ley, empero los asuntos más administrativos, ejecutivos, singulares, específicos, siempre que no estén reservados a ley ordinaria, deben ser regulados por el gobierno, por los ayuntamientos o por los gobiernos regionales. Al mismo tiempo, es imprescindible de que el órgano administrativo del Congreso sea asumido por profesionales competentes, expertos en gestión, independientes y que ostenten los méritos necesarios.
Estas reformas y otras de índole institucional son claves. No obstante, ninguna enmienda será efectiva si los partidos políticos no cambian de mentalidad y adoptan una nueva filosofía basada en la ética, en liderazgos legítimos y en lo méritos y competencias de sus militantes que pugnen un cargo público representativo. El reto es por tanto de los partidos políticos.
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