Gobernabilidad y Ciudadanía ADs - PERU

El sueño frustrado de la descentralización

2008-05-23T15:13:00.000-05:00

Jans Erik Cavero Cárdenas
Politólogo

A seis años de iniciado el último proceso de descentralización no cabe sino expresar con desasosiego la proximidad de su partida. La conversión del aprismo y su giro previsible a la derecha parece haber contagiado a la distribución territorial del poder, pues si en la década del 80 se apostó por autonomías regionales incipientes, hoy la apuesta política de Alan García es la centralización del poder bajo el velo de una descentralización iluminista en su forma pero retrógrada en su esencia.

La promulgación de la ley 29230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, es una muestra evidente de mi afirmación. En efecto, la norma prevé que vía convenios inter institucionales el sector privado podrá financiar y/o ejecutar proyectos de inversión pública, siempre que ellos cuenten con declaratoria de viabilidad y que estén en armonía con los planes de desarrollo nacional, regional o local. Me pregunto ¿El Perú tiene un plan nacional de desarrollo? ¿De qué plan habla el gobierno?

Sin duda, estamos otra vez ante una farsa del Ejecutivo. En el Perú los únicos que hacen planificación para el desarrollo son las regiones y las municipalidades. Los ministerios sólo tienen planes sectoriales descoordinados y huérfanos de un objetivo común. El “Acuerdo Nacional” tampoco se aproxima a lo que es un plan nacional de desarrollo. Sostener lo contrario constituiría un despropósito mal intencionado, pues en el país no se planifica desde hace 15 años. El Instituto Nacional de Planificación (INAP) fue desactivado por Fujimori y el novedoso CEPLAN no existe funcionalmente. Por lo tanto, no sabemos hacia dónde vamos, ni qué proyecto de país queremos.

Ahora bien, ¿la participación de los privados en el desarrollo regional y local es negativa? NO. Me atrevo a decir que la participación de empresas responsables en la implementación de políticas públicas es un valor agregado del que ningún gobierno debiera prescindir.. Al fin y al cabo las sociedades de hoy que mejor pueden garantizar la gobernabilidad son aquellas comunidades políticas cuyos gobiernos las dirigen a través de redes de actores que se relacionan interdependiente y horizontalmente, en pos de intereses colectivos.

Mi oposición no es a la participación de los privados como socios del desarrollo, sino a la intromisión del Ejecutivo alegando de modo utilitario la supuesta “incapacidad” de los gobiernos subnacionales para ejecutar programas y proyectos, como si el gobierno central detentara el monopolio de la capacidad para gestionar efectiva y eficientemente políticas de infraestructura. Pero ¿existe una concreta intención centralista del APRA o es que se trata de un mero subjetivismo? Sin duda se trata de lo primero. Veamos porqué.

El proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo el año pasado. El Congreso decidió, en diciembre, su regreso a comisión para un mejor estudio. El 17 de abril de este año fue aprobado en primera votación pero rechazado en segunda. No sabemos porqué el pasado 08 de mayo la “Junta de Portavoces” dispensó de segunda votación, siendo promulgado por el gobierno el 19 de mayo sin mediar observación alguna pese a que el Parlamente aprobó una autógrafa distinta al contenido del proyecto inicialmente planteado.

¿Porqué la ley no fue observada por el Ejecutivo? Porque la motivación del gobierno no es impulsar el desarrollo regional o local, sino atraer inversión privada a toda costa, pasando por alto las normas básicas de adquisiciones y contrataciones del Estado, burocratizando la gestión pública, regulando innecesariamente convenios interinstitucionales y pretendiendo deliberadamente la participación de “Proinversión” para corregir el supuesto déficit de gestión que padecen los gobiernos subnacionales.

Es cierto que no todas las municipalidades son eficaces, responsables y eficientes. Algunas tienen altos recursos que aún no están siendo invertidos. Pero la falta de inversión pública no necesariamente es producto de incapacidad de gestión, sino que obedece además a otros factores contingentes como la rigidez del SNIP, algunas restricciones presupuestarias, la desfavorable ubicación geográfica que impide la presencia de capitales privados, la carencia de infraestructura vial que evita dinamismos económicos y comerciales, etc.

No obstante, ¿Porqué los gobiernos subnacionales no pueden suscribir convenios institucionales con los privados de manera autónoma? El mensaje del APRA resulta plausible: No sólo existe incapacidad de gestión, sino incapacidad para realizar procesos de selección y peor aún incapacidad para pagar a privados que ejecuten proyectos en sus jurisdicciones. Por eso el MEF emitirá los certificados de inversión pública regional y local (CIPRL) para pagar las inversiones que realicen las empresas constructoras, debitando un porcentaje del canon, sobre canon, regalías, rentas de aduanas y otras participaciones, para aquellos gobiernos que se acojan a esta ley.

Paternalismo puro a todas luces. Probablemente algún defensor de la norma sostenga que esta ley no obliga sino sólo faculta. Pero ¿para qué el legislador pierde el tiempo aprobando normas que no tienen carácter vinculante? ¿Para qué regular cuestiones que no necesitan intervención estatal puesto que los convenios de colaboración entre entidades público privadas no están prohibidos? Los convenios son voluntarios bastando únicamente la aceptación de las partes y la observancia de la legalidad y el orden jurídico.

La ley aunque sea meramente facultativa tiene una trampa: Muchos gobiernos subnacionales se acogerán a ella para sortear las trabas que ha generado un sistema de inversión pública cuestionado. El pragmatismo irresponsable cobrará protagonismo para dar la apariencia de que las cosas funcionan correctamente en una localidad. Pero la cosa no queda allí. Implícitamente el gobierno pretende redireccionar el canon a obras viales, pavimentos e infraestructura, necesarias por cierto pero insuficientes para el progreso social. Y ¿qué hacemos con el desarrollo tecnológico?, ¿habrá recursos para invertir en desarrollo de capacidades? , ¿qué hacemos con aquellos programas de sensibilización e innovación cuyo coste económico es complejo de cuantificar?

Asimismo, la norma es tendenciosa al punto de pasar por alto el presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque señala que los gobiernos subnacionales remitirán a ProInversión una lista priorizada con los proyectos a financiar y/o ejecutar, pero ¿no se supone que el CCL o el CCR con apoyo del equipo técnico priorizan los proyectos formulados en el presupuesto participativo? ¿Qué sucederá si un alcalde o presidente regional utiliza esta herramienta para desconocer los acuerdos firmados en concertación con la sociedad civil?

No todos los alcaldes son democráticos, ¿o sí? Es cierto que el Parlamento, con o sin intención, ha generado mayor trámite burocrático y ha preferido regular de modo abierto sin señalar, por ejemplo, en qué momento debe hacerse la selección de empresas. Es decir, ¿seguirá vigente el proceso previsto por la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado? Si es no, desactivemos el sistema de contrataciones por infuncional, y si es sí no era necesario aprobar una ley, pues después de adjudicado la buena pro las entidades suscriben un contrato de ejecución en el que bien podrían preverse cláusulas de colaboración.

De todas formas, esperemos las especificidades que señalará el reglamento de la ley. Seguramente se impondrá vía decreto supremo todas aquellas disposiciones que estuvieron previstas en el proyecto inicial del Ejecutivo, cuya intencionalidad desnudan desde mi perspectiva dos propósitos: El mensaje de que los gobiernos subnacionales no pueden autogobernarse, siendo innecesaria todo intento de descentralización; y tirarse abajo el sistema de contrataciones del Estado para favorecer a empresas amigas, allegadas al régimen, empresas familiares, con la complicidad de autoridades locales y regionales irresponsables. La mesa está servida para las corruptelas.

El Parlamento del Perú: ¿Ser o no ser?

2008-05-05T12:33:00.000-05:00

Jans Erik Cavero Cárdenas

Desde el triunfo del Parlamento sobre la corona inglesa en el siglo XVII, la institucionalidad adquirida por aquél fue sólidamente incuestionable, al punto de prescribirse como valor supremo del sistema político inglés el principio de soberanía del Parlamento. Desde entonces y hasta hoy todos los Estados del planeta tienen sus poderes legislativos, sean unitarios o federales, monarquías constitucionales o repúblicas, parlamentarios o presidenciales, comunistas o capitalistas, conservadores o liberales, ricos o pobres, industrializados o no.

No hay país que escape a la democracia representativa que emana de los Estados liberales burgueses del siglo XVIII. Se denominan Cámaras legislativas, Congreso, Cortes Generales; Asambleas Nacionales, Bundestag, Duma, Dieta, Cámara de Representantes, Cámara de los Diputados, Cámara de los Comunes, Estados Generales, o sencillamente Parlamentos. En la actualidad nadie cuestionaría su existencia teleológica, pero el trabajo desplegado en las diferentes legislaturas invita a reflexionar profundamente sobre su funcionalidad, sobretodo en el caso del Perú.

Un Parlamento bueno tiene que ser representativo, democrático, plural, estable, eficiente, eficaz y legítimo. El Congreso de la República intenta ser democrático, es plural y legítimo. Es poco representativo, nada eficiente y con eficacia nula en el ejercicio de sus atribuciones, sobretodo las de legislación y fiscalización. De todas estas características nos centraremos en la eficacia y eficiencia como parámetros de una efectiva gestión legislativa, pues aún cuando los representantes sean libremente elegidos un déficit de gestión puede suponer la pérdida de legitimidad por parte de los ciudadanos.

Pues bien, para darse una idea de la función legislativa del Congreso peruano basta con acceder a su Web oficial (www.congreso. gob.pe).. Cualquier cibernauta quedará atónito al encontrar proyectos de ley que proponen lo siguiente: regular modificaciones sobre el reconocimiento oficial del Pisco como denominación de origen peruano (2384/2007); prohibir el uso de animales en los circos (2382/2007); conceder pensión de gracia a Paula Carmela Navarro Ormeño (2381/2007); declarar de necesidad e interés la construcción de la presa “Calzada - Valle La Leche ” -Lambayeque- (2379/2007); incorporar documento válido para acreditar período de aportación a la pensión de jubilación (2372/2007); dar fuerza de ley al DS 004-2008-MIMDES, que precisa que los estatutos de toda organización jurídica sin fines de lucro deberán adecuarse a las normas de la Constitución y de la ley (2371/2007).

La lista es muy extensa. Continuemos un poco más con proyectos de ley recientes y escogidos de manera aleatoria: El 2368 propone declarar a Paita ciudad puerto interoceánica; el 2363 prevé la capacitación de presidentes regionales antes de que asuman sus cargos; el 2356 busca otorgar el grado inmediato superior al personal de la sanidad PNP; el proyecto 2347 regula el derecho por extracción de materiales de los causes de los ríos por las municipalidades.

¡Por Dios santo, diría una agnóstico como yo, ¿qué clase de energúmenos hemos elegido como representantes? Todos los grupos parlamentarios y aquellos no agrupados no merecen ostentar cargo congresal. Lógicamente son responsables solidarios de tremenda incompetencia los asesores de despacho, asesores de comisión, y la propia oficialía mayor, encargada de derivar los proyectos de ley a las diferentes comisiones de trabajo, sin un ápice de análisis más que el formal.

Pero además de los congresistas ¿quiénes serían los otros responsables principales? Los partidos políticos, sin duda alguna, pues depende exclusivamente de ellos el que un militante sea o no candidato. Si en una organización política se prefiere al amigo, al compadre, a los militantes de buen corazón, a jóvenes inexpertos, a falsos revolucionarios, a inmorales o amorales, o a personas escasamente preparadas, no esperemos mucho de las asambleas que pretendemos elegir, sean nacionales, regionales o municipales.
Si continuamos evaluando el Congreso nos toparemos con el grandilocuente documento rotulado “Indicadores de Gestión (2007 – 2008)”, cuyo contenido de por sí atemoriza a quienes investigamos temas de gestión pública. OH sorpresa, el único indicador diseñado por la “Dirección General Parlamentaria de Oficialía Mayor” es el número de proyectos de ley; es decir, la eficacia y eficiencia del Parlamento se miden en base a un criterio cuantitativo, antojadizo por cierto, que da cuenta del número de proyectos presentados, aprobados, rechazados, devueltos a comisión, publicados, etc.

Bajo esta absurda lógica sería eficiente y eficaz el congresista o grupo parlamentario que ha conseguido la aprobación del mayor número de proposiciones legislativas. Tal distinción recaería en la alianza APRA – UN y Fujimoristas, dado que al ser mayoría parlamentaria no solamente tienen los votos necesarios en el Pleno para aprobar un proyecto burdo, sino que cuentan con la presidencia del Congreso para poner en agenda las propuestas de los compañeros, y sobretodo con la venia de Alan García para no observar las autógrafas que llegan a sus manos.

Indicadores claves de gestión como el impacto de un proyecto de ley, la relevancia económica, el ámbito de política pública sobre la que incide, el nivel de consenso que supone, entre otros, no lo ven ni el personal técnico del Congreso, ni los legisladores, muchos menos sus asesores. Todo ello me hace plantear la hipótesis de que en el Perú no hay gestores públicos, directivos públicos, reformadores del Estado, élite profesional en temas de gestión pública, modernizadores de la administración, y por último, liderazgo político.

Entonces ¿cuál es la utilidad del único indicador cuantitativo ofrecido por oficialía mayor? Soslayar la infuncionalidad del Congreso y acaso reflexionar sobre su papel dentro de nuestro sistema político. Veamos porqué:

En el periodo anual 2007 – 2008 se han aprobado 196 proyectos de ley, de las cuales han sido publicadas 153 leyes. A pesar de que el Poder Ejecutivo presentó 162 iniciativas (18%), frente a 662 de los grupos parlamentarios (74%), siendo el APRA con mayor proyectos presentados (185), el Pleno del Congreso aprobó sólo 34 proyectos de iniciativa suya frente a los 96 proyectos de iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, el Parlamento le aprueba al Ejecutivo el 59% de sus proyectos, mientras que a sus miembros les aprueba tan sólo el 5% de sus iniciativas.

Es cierto que en el mundo de hoy los gobiernos legislan más que los propios Parlamentos; también es cierto que el ordenamiento peruano prevé trato preferente a las iniciativas legislativas del Ejecutivo; pero no es menos cierto que esta tendencia llevada a su punto extremo puede convertir a los segundos en innecesarios, máxime cuando tampoco son efectivos en su labor de representación y sobretodo de fiscalización. El caso peruano es un ejemplo típico de inmunidad vergonzosa cada vez que los gobiernos han tenido mayoría parlamentaria (con o sin alianzas), siendo los Congresos meras mesas de parte del Ejecutivo, garantes de nepotismo, corrupción, ineficiencia y otros atributos de un Parlamento malo.

Es hora de repensar de un Parlamento moderno e innovador. La unicameralidad ha demostrado ser perversa e infuncional. Los grandes temas del país y que involucran a una gran colectividad deben ser objetos de ley, empero los asuntos más administrativos, ejecutivos, singulares, específicos, siempre que no estén reservados a ley ordinaria, deben ser regulados por el gobierno, por los ayuntamientos o por los gobiernos regionales. Al mismo tiempo, es imprescindible de que el órgano administrativo del Congreso sea asumido por profesionales competentes, expertos en gestión, independientes y que ostenten los méritos necesarios.

Estas reformas y otras de índole institucional son claves. No obstante, ninguna enmienda será efectiva si los partidos políticos no cambian de mentalidad y adoptan una nueva filosofía basada en la ética, en liderazgos legítimos y en lo méritos y competencias de sus militantes que pugnen un cargo público representativo. El reto es por tanto de los partidos políticos.

El ministerio no lo es todo

2008-03-14T13:09:00.000-05:00

Carlos Herz

Siendo un avance el poder contar con una institucionalidad ambiental con rango ministerial, el problema no termina sino que nos pone por delante una serie de desafíos que deben ser atendidos, algunos con suma urgencia. Cabe precisar que sin voluntad política de los que toman decisiones, sin proyecto de país con visión de futuro y sin consensos sociales y políticos, lo que pueda hacer un Ministerio del Ambiente no será mucho en una realidad como la peruana. Pero para ser más preciso y concreto, si queremos realmente evitar que el ministerio a crearse sea más de lo mismo creemos que todo dependerá de cuanto podemos tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales:

El medio ambiente no debe ser considerado como un tema sectorial sino como un concepto y práctica que está articulado al conjunto del desarrollo. Aprovechar bien nuestro patrimonio ambiental es indicador de visión de futuro sostenible.
La gestión ambiental es un tema que no se limita a lo que pueda hacer un ministerio, sujeto a decisiones políticas mas coyunturales, sino que corresponde a una acción de todo un sistema en el que participan diversas instituciones y organismos, públicos y privados.
El manejo del patrimonio ambiental es tarea de todos y todas, y solo si los diversos actores y agentes sociales, económicos y políticos están involucrados en esta tarea podremos tener resultados exitosos. Crear formas de concertación o coordinación permanentes para este fin se convierte en una acción prioritaria.
El ordenamiento territorial es un instrumento fundamental en el manejo de nuestros recursos y todo el patrimonio ambiental. Se necesita organizar técnica y racionalmente el uso del territorio de acuerdo a sus aptitudes, potencialidades y las prioridades de desarrollo sostenible.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es otro instrumento que debiera ser valorado en su real magnitud como el sustento que nos señala la viabilidad o no de una actividad productiva o extractiva. Es hora de dejar de lado que la idea de que la EIA se formula para justificar si o si la intervención de un proyecto de inversión en determinada localidad.
No puede haber actividad extractiva si no hay consentimiento social para hacerlo. Eso implica el respeto de las voluntades locales en un marco de diálogo y de información necesaria para llegar a decisiones bien pensadas.
Tiene que constituirse órganos de licenciamiento y supervisión ambiental con la suficiente solvencia técnica, económica y logística, así como con la independencia necesaria para tomar decisiones que no se modifiquen por intereses subordinados que provienen de otras instancias públicas y privadas.
La gestión ambiental requiere de un sistema de seguimiento (monitoreo) e información permanente y transparente ante la sociedad, con mecanismos de rendición de cuentas obligatorios en espacios diversos (municipios, regiones, ministerios, congreso nacional).
Sobre la base de las normas consensuadas para el manejo del patrimonio ambiental, se debe garantizar el suficiente control ciudadano y la actuación del orden público frente a las transgresiones y demás actos de degradación de recursos naturales.
Del mismo modo, se debe incorporar mecanismos de estímulo para propiciar buenas prácticas ambientales en los diversos sectores económicos y sociales.
La existencia de grandes conflictos socioambientales en determinadas actividades económicas, debe llevarnos a priorizar la atención de agendas urgentes con los diversos sectores involucrados, en temas como: la minería, los hidrocarburos, la pesca, la extracción de madera.
La realidad actual nos muestra que es prioritario contar con un plan permanente desarrollo de capacidades en el marco de una reforma integral de Estado, pero orientado en el corto plazo a crear mejores condiciones de gestión ambiental en los diversos escenarios y no solo locales.
La preocupante situación ambiental en el país nos debe conducir a promover rápidas y sostenidas campañas educativas y ante la opinión pública sobre temas prioritarios: manejo del agua, cambio climático, protección de biodiversidad, ahorro energético, limpieza pública)

¿Quién entiende la descentralización en el Perú?

2008-03-13T15:36:00.000-05:00

Jans Erik Cavero Cárdenas

La Secretaría de Descentralización, organismo público dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros, infuncional al igual que su progenitor extinguido (el CND) aprobó en diciembre último la resolución 043-2007/PCM- SD, cuyo contenido no sólo demuestra la orfandad técnica de la entidad sino que desnuda, además, el solapado propósito político del gobierno central para obstaculizar el alicaído proceso de descentralización.

En efecto, al presidente de la secretaría, Grover Pango, se le ha ocurrido la brillante idea de regular normativamente la elección de representes de los gobiernos regionales y municipales, idea nada original puesto que emula lo que hacía el CND para justificar su generosa asignación presupuestal, otorgarse cierta dosis de legitimidad en el desarrollo de sus atribuciones y aparentar un escenario democrático de participación y consensos intergubernamentales.

Pero, ¿no es bueno que los gobiernos regionales y locales participen a través de sus representantes en instancias o consejos interinstitucionales? Depende. ¿De qué? de la conformación de esas instancias, los objetivos institucionales de las mismas, el ámbito de la política pública sobre la que se quiere incidir, así como el grado o fuerza que tenga la posición de los representantes subnacionales. Por lo tanto, no está en cuestionamiento la colaboración intergubernamental, sino la regulación de un acto electoral que bien podría haber recaído en instituciones no estatales como la Red de Municipalidades Rurales, ONGs, u otro colectivo.

Si los “consejos con participación interinstitucional” tienen una composición mayoritariamente nacional y se atribuye además cierto carácter decisorio, la participación de los representantes subnacionales no es significativa, desde que su presencia no tendrá impacto alguno para el cómputo de quórum, para adoptar un acuerdo, o sencillamente para desarrollar un proceso efectivo de incidencia política. En este contexto, se impondrá la voluntad del gobierno de turno, marginándose una vez más las voluntades regionales y locales. Vale la pena recordar el papel de los representantes subnacionales en el extinto CND.

Ahora bien, ¿En qué ámbitos se requiere la intervención de los gobiernos municipales y regionales? Usualmente se da en entidades que desarrollan políticas públicas escasamente relevantes: El Instituto Peruano de Deportes (IPD), la “Agencia Peruana de Cooperación Internacional” (APCI), la “Autoridad Portuaria Nacional” (APN). ¿Porqué no hay participación en entidades nacionales de peso como PROINVERSIÓN o FONAFE? El CONAM también tiene un ámbito trascendente de competencias, no obstante surge la duda de cómo quedaría la instancia participativa a este nivel si se pretende la creación de un ministerio de ambiente que absorbería el CONAM.

Adicionalmente es necesario advertir respecto a la naturaleza de tales consejos participativos. Si son instancias decisorias ¿en qué nivel participan los delegados subnacionales? ¿En la formulación, decisión, ejecución, evaluación de las medidas adoptadas? Si son instancias meramente consultivas ¿cuál es el incentivo para la intervención de los delegados? Si los representantes subnacionales no deciden, no veo cuál es el incentivo para participar en esos consejos, máxime cuando no existen pautas respecto al carácter vinculante o no de los acuerdos que en sus senos se adoptan.

En base a tales consideraciones, lo que advierto personalmente es la instrumentalización de los alcaldes y presidentes regionales para legitimar decisiones políticas centralistas, a menos que se sostenga que la sola participación es suficiente para que se configuren prácticas democráticas de buen gobierno, siendo irrelevante (o meramente accesoria) la decisión que devenga del proceso deliberativo. De esta forma, si los gobiernos regionales y locales no van a tener margen de poder en el tema minero ambiental, estamos frente a un reforzamiento ingenioso de la actividad gubernamental central.

Existen otros problemas conexos vinculados a las infraestructuras y a las nuevas tecnologías de información. Por ejemplo, ¿cuántas municipalidades distritales de las más de 1,830 tienen conexión a Internet? Me temo que hay muchos ayuntamientos rurales que carecen de telecomunicaciones, inclusive de electrificación, con lo cual resulta patente la dificultad material para emitir un voto electrónico. Ahora bien, ¿cuántos alcaldes conocen las herramientas mínimas de navegación por Internet? Todas estas cuestiones, aparentemente insignificantes, no aquejan los gobiernos regionales y las municipalidades urbanas con sede o no en las capitales de provincia. Pero, ¿las rurales?

La ingeniosidad (quizá ingenuidad) de Grover Pango es tal que su reglamento prevé el carácter indelegable del elector para una elección con votación electrónica. ¿Cómo hará el internauta de la secretaría de descentralización para asegurarse de que sea el alcalde o presidente regional quien votó por Internet? ¿Cómo evitar que una de estas autoridades políticas delegue su voto en uno de sus asesores, secretaria, o personal de confianza? No hay duda, la “Oficina de Desarrollo de Capacidades Regionales, Municipales y Articulación Interinstitucional de la SD ” (PCM) requiere urgente capacitación.

Finalmente, en un escenario de más de 150 alcaldes provinciales y más de 1830 distritales resulta complejo, sobretodo para los últimos, coordinar y lanzar a uno o dos candidatos de consenso, pues no todos los alcaldes se conocen entre ellos, con lo cual la representatividad queda en entredicho. Por ello, organizaciones no gubernamentales, redes municipales u otras entidades sin fines de lucro deberían encargarse de este acto electoral. Propuesta más audaz consiste en transferir la competencia a los gobiernos subnacionales, dejando que ellos sobre marcos generales centrales (si se trata de competencias compartidas) ejerzan sus respectivas autonomías.

Por lo tanto, la secretaría de descentralización, salvo opinión del gobierno y del partido aprista, es más de lo mismo. Entre SD y CND sólo hubo un cambio de etiqueta y mayor subordinación política a las ocurrencias de Jorge del Castillo y Alan García. Si a ello se agrega una burocracia inepta para desempeñar las atribuciones de un auténtico ente rector del proceso de descentralización, asistimos a un agónico proceso de conformación de autonomías, donde la instrumentalización de alcaldes y presidentes regionales, e inclusos ciudadanos, resulta útil para desplegar los últimos manotazos de ahogado.

¿Reforma de Estado o Contrarreforma?

2008-02-21T11:25:00.000-05:00

Jans Erik Cavero Cárdenas

Por vez primera, desde la asunción a su segundo gobierno, Alan García llegó a España, específicamente a la comunidad de Madrid, con el propósito principal de invitar a nuevas empresas ibéricas para que inviertan en el Perú, en un contexto de apertura comercial inédita, tratados de libre comercio, crecimiento económico sostenible, modernización de la administración pública, estabilidad jurídico tributaria con las multinacionales, y demás generosos beneficios con el gran capital e inversores internacionales.

Como gerente de marketing esa fue su gran misión, dejando felices a directivos y ejecutivos de empresas como Telefónica, Repsol YPF, BBVA, Santander, MAPFRE, entre otras que tienen inversiones en Perú y aquellas que tienen expectativas en invertir. La consecución de financiamiento para la lucha contra la pobreza y el analfabetismo, el tema medio ambiental, el fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional, e incluso el apoyo de Zapatero para que intermedie un TLC con la UE al margen de la “Comunidad Andina de Naciones”, fueron objetivos meramente accesorios.

En medio de una agenda estrictamente económica evitó abordar la forma y el modo como viene implementándose la reforma del Estado, acaso por excesiva confianza en su viabilidad, quizá por considerarla trivial, o simplemente por evadir las burlas de un auditorio que, pienso, entiende mejor que su gobierno los procesos de modernización de las administraciones públicas y la gestión pública de las políticas sectoriales. García cree que para conseguir objetivos económicos, políticos y sociales, basta con un crecimiento envidiable de PIB. Lo institucional, lo organizativo, la gestión, no importan.

Craso error del gobierno. Poner en marcha el buen gobierno supone el diseño de una agenda política cuyas propuestas se traduzcan en políticas públicas, y en donde la ejecución e implementación de las mismas recaiga en manos de una adecuada administración central, regional, o local. Lo institucional, por tanto, importa, y mucho más de lo que imagina García, pues su relevancia permite despejar dudas como ¿Por qué el proceso de descentralización está paralizado?, ¿Por qué las entidades del sector público no logran los objetivos institucionales que se proponen?, ¿Por qué no hay eficacia y eficiencia en el presupuesto público?, o ¿Porqué tenemos los funcionarios que tenemos?

Si la gestión pública del país es precaria, la causa fundamental radica en la inexistencia de un Ministerio de Administraciones Públicas, órgano público capaz de dar lineamiento en gestión y administración, así como formular diseños organizativos y procesos innovativos de gestión que consoliden una adecuada provisión de servicios públicos. En el contexto mundial el Perú es una de las pocas experiencias que carece de una entidad clave como la mencionada. España, Brasil, México, Portugal, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Chile, cada uno con diferentes denominaciones y matices, son ejemplos ilustrativos que cuentan con un ministerio u otro ente rector con autonomía política, capaz de llevar adelante políticas de gestión pública. ¿Y lo que fue el CND, hoy secretaría de descentralización?, ¿Y la “Secretaría de Gestión Pública”? Son entidades inertes e infuncionales adscritas a la PCM, meros órganos de línea carentes de autonomía política efectiva, de las que no cabe generarse grandes expectativas.

Después del autogolpe de 1992 Fujimori mató al Instituto de Administración Pública (INAP) -órgano que pudo ser el germen de un futuro ministerio de administración- transfiriendo sus atribuciones a la “Dirección Nacional de Programación Multi anual”, ente dependiente del MEF, cuyos resultados saltan a la vista: Inexistencia de planeamiento global, en virtud al cual no hay visión de país ni un plan de desarrollo nacional; marginación de la función pública, lo que explica la calidad de funcionarios públicos que detentamos; puestos y escalas remunerativas anárquicas; estructuras organizativas infuncionales; presupuestos huérfanos formulados sobre la base de meros indicadores macroeconómicos; escasa cultura del servicio civil; falencias sustantivas de la burocracia, las que hacen aflorar sus defectos y no sus virtudes.

Lógicamente, lo institucional supone voluntad política de quienes gobiernan y una reingeniería de la administración por parte de expertos. Requiere, asimismo, consenso y participación de la sociedad civil organizada en la formulación e implementación de reformas creativas. De esta forma, la creación de institucionalidad política gozará de eficacia y de legitimidad social. Si a ello le sumamos un blindaje normativo para evadir las corruptelas y viejas prácticas corporativas, nuestro proceso de reforma y modernización resulta prometedora.

Por tal razón, mi propuesta aboga por la creación de un Ministerio de Administración Pública, que albergue en su seno 3 vice - ministerios claves: Planeamiento y desarrollo, Reforma de Estado y Descentralización, y Función Pública y servicio civil. Cada una con sus diferentes organizaciones y élites burocráticas, con autonomía político normativa, y con alta profesionalización. Sólo a partir de esta reforma, podemos mirar con ojos optimistas las propuestas del gobierno en esta temática, y no saludar a priori, como algunos incautos, la creación de un ministerio de medio ambiente.

Propuestas para el debate y el consenso sobre la Reforma Municipal

2007-03-13T10:00:00.000-05:00

Julio E. Díaz Palacios
Presidente de la RED PERU
A nivel internacional se valoran cada vez mas las potencialidades de las localidades para impulsar el desarrollo humano, la construcción de ciudadanía y la afirmación de la identidad local, así como para encontrar soluciones a viejos problemas y prevenir otros. De ahí se desprende el impulso a la promoción del desarrollo local, buscando la más estrecha articulación y complementariedad de sus dimensiones económicas, sociales, ambientales y político-institucion ales. Basta revisar la agenda de prioridades de las agencias de cooperación internacional, así como del BID y del BM para constatar esta afirmación.
En el Perú tenemos elecciones municipales ininterrumpidas desde 1980 hasta la fecha. Desde entonces ya se han producido 9 elecciones (1980, 1983, 1986, 1989, 1993, 1996, 1999, 2002, 2006). En las elecciones del 19 de noviembre 2006, se eligieron 195 alcaldes provinciales y 1,630 alcaldes distritales, y cerca de 10,000 regidores. En contraste, recordemos que en cuanto a gobiernos regionales recién estamos en el segundo periodo.
En un cuarto de siglo de municipalismo ininterrumpido, se han dado avances muy importantes, pero aún hay mucho camino por recorrer. En los aspectos positivos, los gobiernos locales han promovido las mesas de concertación, las iniciativas de planeamiento concertado, los presupuestos participativos, hoy convertidos en políticas públicas nacionales. Un creciente número de gobiernos locales viene promoviendo el desarrollo económico local, la gestión ambiental, la igualdad de oportunidades. Pero debe destacarse también que en la gestión y lucha por el desarrollo local centenares de alcaldes y regidores cayeron victimas de la violencia terrorista, es decir, tenemos mártires locales, cuya memoria debe honrarse.

Al momento de concebirse el octavo intento de descentralización del Estado en curso en nuestro país se valora adecuadamente la importancia y los roles de los gobiernos locales, hasta tal punto que la municipalización es considerada junto con la regionalización como las dos vías o columnas vertebrales a través de la cuales debe transitar la transferencia de competencias y de funciones y la distribución del poder político con un enfoque democrático.
La subestimación de los Gobiernos Locales
Sin embargo, nos preocupa una serie de hechos que ponen en evidencia que no pocos subestiman el rol de los gobiernos locales, como si fueran actores secundarios. Algunos ejemplos son los siguientes:

Ø El CND en su gestión hasta julio del 2006 sesgó su gestión hacia las regiones y subestimo a los gobiernos locales. Erróneamente excluyó a estos de la formulación de propuestas técnicas para integrar regiones, lo que se convirtió luego en un factor de inviabilidad de la integración regional.
Ø El actual gobierno nacional al desactivar el CND en febrero pasado, privó a los gobiernos locales de su participación de un espacio donde presentar y canalizar sus propuestas respecto a la descentralización.
Ø El Gobierno Nacional saluda la formación de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Nacionales como un espacio con quien dialogar y atender algunos de los problemas de la agenda de descentralización y sabiendo la fragmentación municipal existente, no contribuye, respetando su autonomía, con los gobiernos locales a dotarse de su propia institucionalidad representativa. Es decir, aparentemente no ve como necesario un espacio equivalente.
Ø La Ley Orgánica de Municipalidades dispone que el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo oficialice el listado de municipalidades rurales y sobre esa base se establezca un programa de Fortalecimiento de estas Municipalidades, incluyendo una asignación más justa de recursos presupuestarios, pero el Gobierno se resiste a hacerlo, no obstante la reiterada gestión de REMURPE desde agosto pasado.
Ø Son centenares los municipios que hoy reciben 15 o 20 veces menos recursos per capita del presupuesto nacional, en comparación a los municipios que reciben canon y regalías, y el Gobierno Nacional no toma la iniciativa de establecer mecanismos compensatorios sobre la base de los principios de equidad e igualdad de oportunidades que sustentan el proceso de descentralización; recursos para ello existen.
Ø El Gobierno Nacional suscribe un compromiso con los gobiernos regionales para luchar por reducir los índices de desnutrición infantil crónica, hecho que saludamos, pero no se hace algo equivalente con los gobiernos locales, no obstante que estos tiene a su cargo los programas alimentarios.
Ø Tenemos presidentes regionales que valoran los roles de los gobiernos locales y coordinan con estos, pero también hay quienes no los consideran ni siquiera en sus discursos políticos.
Ø Se están iniciando los proyectos piloto sobre "municipalización" de la educación y la salud, en alrededor de 50 municipios distritales, pero no se ha concertado como cuestiones previas con la totalidad de gobiernos locales los alcances de esta municipalización.
Ø Las constantes demandas de capacitación de autoridades y funcionarios municipales no son escuchadas ni canalizadas, no obstante existir recursos para ello.
La necesidad de una Agenda Municipal
Ante esta situación, corresponde a las autoridades municipales, tomar las acciones del caso, para que los Gobiernos Locales no sean tratados como secundarios en los procesos de desarrollo y lograr las condiciones que les permita el nivel de protagonismo que les corresponde. Destacan entre estas acciones:
1. Coordinación de asociaciones de municipalidades
Promover acciones para conformar una coordinadora o Confederación de Asociación de Municipalidades, a fin de canalizar sus propuestas. Esta instancia representativa podría ser la equivalente (salvando las diferencias) a la creada por los Gobiernos Regionales para dialogar con el Poder Ejecutivo, en torno a los problemas relacionados con sus competencias y funciones.
2. Municipalidades rurales
Respaldar a REMURPE en su exigencia de que la PCM publique el listado de municipalidades rurales y que sobre esa base se establezca el programa de fortalecimiento que corresponde. El hecho de que tres años después de promulgada la Ley de Municipalidades, no se cumpla con esta disposición es, por decir lo menos, una falta de respeto, incompatible con la democracia.
3. Desarrollo de capacidades
Gestionar la aplicación inmediata del Plan de Desarrollo de Capacidades, para autoridades y funcionarios. Pero también debe incluirse a los líderes y dirigentes de las OSC, que son socios de la gestión del desarrollo local.
4. Propuestas para la Reforma Municipal
Impulsar en el marco de la descentralización, la reforma de Estado,la democratización y participación ciudadana, y la innovación tecnológica, la Reforma Municipal consistente en los cambios profundos de carácter normativo, institucional, en competencias y funciones y en las acciones orientadas a canalizar el transito de lo que hoy son los gobiernos locales a los que deben ser en el futuro. Concretar este propósito de la Reforma Municipal requiere enfrentar un proceso largo y complejo, en el que surgirán resistencias al cambio en diversos frentes.
En pocas palabras la Reforma Municipal se orienta a fortalecer la misión de los gobiernos locales, sobre bases éticas que enriquezcan la actuación política y la gestión publica, consistente en: (a) representar a las poblaciones de sus circunscripciones, (b) promover el bienestar de todos, (c) prestar servicios públicos locales y /o regularlos, (d) promover la planificación y la gestión del desarrollo integral local, en una perspectiva de "no solo gobernar en representación de o para los ciudadanos, sino gobernar con los ciudadanos". Este fortalecimiento de la misión de los Gobiernos Locales debe responder a las exigencias del Buen Gobierno Local, que implica una gestión eficiente, eficaz y transparente, sobre la base de consensos publico-privados en torno a una agenda de prioridades que integra la atención alas urgencia, sin descuidar la necesidad de una perspectiva de mediano y largo plazo.
Algunos de los componentes claves de esta reforma Municipal, presentado y parcialmente discutidos, en el reciente "Taller de Reingeniería" de MUNIRED (Lima, 7-8 de marzo 2007), son:
a) Potenciar las funciones básicas de los Gobiernos Locales, que en el contexto de hoy y sus proyecciones serán:
Ø La promoción del desarrollo humano sostenible, que respete la dimensión intercultural, que incluya efectivamente la seguridad alimentaria, que considere el conflicto social como una constante que debe enfrentarse con efectividad.
Ø La promoción del desarrollo económico local
Ø La protección del medio ambiente y los recursos naturales
Ø La preservación de la identidad cultural y étnica y la conservación del patrimonio histórico
Ø La promoción de los servicios públicos básicos y gestión de riesgos
Ø La promoción de la participación ciudadana como derecho y deber
Ø La promoción de ciudades sostenibles, como escenarios y fuerzas motrices del desarrollo en tanto construyan y guarden relaciones de armonía y complementariedad con los entornos rurales.
b). Ley de Bases de Gobiernos Locales, en sustitución de la Ley Orgánica de municipalidades vigente, uniformista y reglamentista; que debe reconocer una nueva tipología de municipalidades, afirmar la autonomía municipal de modo integral, clarificar las competencias y funciones, institucionalizar los enfoques permitan el desarrollo territorial, el desarrollo humano integral, incluyendo por supuesto la promoción del crecimiento económico pero con redistribución de la riqueza, para superar el carácter excluyente del modelo económico hoy causante de la pobreza estructural; ley de bases que establezca los principios para la gestión publica moderna, incluyendo una estructura institucional apropiada a la diversidad de roles y diversidad de situaciones que enfrentan los municipios del país.
c) Cambios económicos y financieros, que pasan por la revisión de los criterios de distribución del FONCOMUN, la reorientación del destino de los recursos procedentes del canon, la creación de fondos compensatorios para los municipios excluidos del canon minero o que perciben escasos recursos por ese concepto. Avanzar hacia el objetivo de que no menos del 30% de todo tipo de ingresos del Presupuesto Nacional debe transferirse a los gobiernos locales.
d) Fortalecimiento de la participación en la medida en que ésta es un factor de eficiencia y eficacia, así como de mejoramiento de la calidad de la democracia y de la gobernabilidad, pero también de continuidad y sostenibilidad de los procesos de desarrollo y vehículo para la construcción de ciudadanía, armonizando el ejercicio de los derechos y deberes. En este marco, deben revisarse y potenciarse los enfoques, espacios, herramientas y reconocerse explícitamente la calidad de vinculante de los consensos o acuerdos que se definan y la necesidad de una gestión transparente. También será necesario articular la promoción de la participación en las acciones de aplicación de políticas nacionales relacionadas, regionales y locales con la gestión de resultados fundamentales: reducción de desnutrición infantil crónica, disminución de las tasas de mortalidad infantil y materna, reducción del analfabetismo, parea crear condiciones efectivas de igualdad de oportunidades de género y generacional, etc.; y otros serios problemas reflejo del modelo de desarrollo excluyente e inequitativo vigente en el país.
e) Impulsar y ser actor protagónico de la descentralización, integrándose a los espacios intergubernamentales debidamente institucionalizados de conducción de esta reforma y gestionar su incorporación en las Juntas de Coordinación Interregional. Promover la mayor coherencia posible con el principio de subsidiariedad consistente en "que todo aquello que puede hacerlo bien el municipio, no debe hacerlo la región; y todo aquello que puede hacerlo bien la región, no debe hacerlo el gobierno central"; como lo sostiene el propio Presidente de la República.
f) Reforzar la articulación sectorial y territorial distrital-provincial-regional, potenciando los espacios de concertación, los planes concertados de desarrollo y los presupuestos participativos, sobre la base del ordenamiento territorial; y, adicionalmente, participar en la adopción de políticas públicas.
g) Reconocimiento de la competencia para participar en la adopción de políticas publicas regionales y nacionales y tener representación en los diversos consejos nacionales de concertación de carácter sectorial.
h) Fortalecimiento de la asociatividad intermunicipal para atender las necesidades nacionales y de relaciones internacionales; particularmente de las mancomunidades en torno a ejes temáticos específicos, debiendo apoyarse la aprobación de la Ley de Mancomunidades, pendiente de aprobación en el Congreso de la República. Las mancomunidades pueden ser una alternativa interesante ante la atomización municipal y el hecho de que el 52% de municipalidades tienen menos de 5,000 habitantes, muchas de las cuales administran o gobiernan territorios ubicaos por debajo de la línea de pobreza.
i) La Reforma Municipal requiere del concurso de la burocracia municipal, la que debe dejar de ser cada día menos parte del problema y pasar a ser parte mas de las soluciones, a través de políticas de inversión de capacidades, de meritocracia, de evaluación, etc., pero también necesita del aporte de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil en general, de las ONG y proyectos de desarrollo y de la cooperación internacional, de las redes interinstitucionales y grupos de interés, de los propios Poderes del Estado. El impulso de la Reforma Municipal desde abajo, requiere de un liderazgo en el que los alcaldes y regidores deben estar a la cabeza.
Pero la Reforma Municipal no será alcanzada, si la descentralización no es relanzada y profundizada de verdad, sino se plasma la reforma del Poder Ejecutivo que el Perú necesita, sino se concreta la reforma de la carrera pública, sino se introducen los cambios necesarios en los sistemas técnicos y administrativos nacionales, si no se pone en marcha el sistema nacional de planeamiento concertado, sino se implementa gradualmente los enfoques de gobierno electrónico.
No basta expresar disconformidad con la subestimación que se hace de los gobiernos locales, en diversos ámbitos; no basta reclamar que se les esté relegando a un rol secundario en la planificación, gestión y lucha por el desarrollo. De "la protesta que esto pueda suscitar debe pasarse a la propuesta programática y, sobre todo, a la acción" para que los Gobiernos Locales ocupen el lugar que les corresponde como aliados visibles de los Gobiernos Regionales, pero también de las organizaciones de la sociedad civil. Los ejemplos de buenas prácticas,la capitalización de las lecciones aportadas por las experiencias exitosas de desarrollo local ayudará mucho en esta perspectiva.
Para actuar con eficacia, los gobiernos locales deben dotarse de instancias institucionales capaces de movilizar conciencias y energías, enfoques y capacidades de diverso tipo, generando movimientos sociales y políticos a favor de la Reforma Municipal. Y en este plano resulta pertinente evaluar la posibilidad de crear o recrear las asociaciones de municipalidades departamentales, sin perjuicio de otras, para organizar mejor los compromisos con los Gobiernos regionales a través de Convenios de Cooperación en asuntos de mutuo interés; y para desenvolverse también con autonomía en otros campos del desarrollo.

Los ejes de la reforma estatal

2007-03-09T12:33:00.000-05:00

"Se debe reorientar las políticas e instituciones sociales para superar su paternalismo"

Fernando Villarán, ex ministro de Trabajo
Nadie puede estar en desacuerdo con que se racionalice a las instituciones públicas, que se evite duplicaciones y que se logre un mejor uso de los recursos escasos. Sin embargo, lo que no se ha respondido de manera clara hasta el momento es: ¿Qué Estado necesita el país? ¿Cuáles son las funciones principales que va a desempeñar? ¿Qué prioridades nacionales van a orientar sus actividades y recursos? ¿Cómo va a aprovechar las grandes oportunidades que nos presenta el futuro, y al mismo resolver los graves problemas que arrastra nuestro país?
El primer eje de la reforma debería ser la descentralización y desconcentración del poder, es decir, transferirles más poder a los gobiernos regionales y locales. Pero también, y esto es muy importante, darle más poder a los ciudadanos, avanzando hacia una democracia participativa. Una propuesta concreta que consolidaría la descentralización y empezaría a encarar el difícil proceso de regionalización puede ser la creación de un consejo de Estado integrado por los presidentes regionales y presidido por el presidente de la República.
El segundo eje de la acción del Estado debe ser la promoción activa del sector privado, generador de la riqueza y el empleo productivo que el Perú necesita. Atraer la inversión, facilitar la creación y multiplicación de empresas, eliminar las trabas burocráticas, asegurar el acceso a los servicios financieros y no financieros indispensables para el crecimiento y la competitividad. Pero, sobre todo, hacerlo prioritariamente para la micro y pequeña empresa, urbana y rural, pues allí se concentra el grueso del empleo y producción nacional y son el principal sustento del desarrollo regional y local.
El tercer eje es el cambio en los sectores y las políticas sociales. Va en dos sentidos: por un lado, lograr el equilibrio y alineamiento entre las políticas económicas y las sociales, dándoles un mayor pe so y presencia a estas últimas, abandonando la condición de furgón de cola que tuvieron en los años 90. Y, por otro lado, reorientar las políticas e instituciones sociales para superar su asistencialismo y paternalismo que no solo se ha prestado y presta a la manipulación política, sino que destruye la dignidad y la autoestima de los sectores de menores ingresos.
El cuarto eje de la reforma es garantizar la construcción de una visión de futuro compartido en todo el país, implementando el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), que articule el esfuerzo que ya están haciendo las regiones y municipios con los planes regionales y locales. Esta institución permitirá establecer las verdaderas prioridades nacionales y las orientaciones estratégicas para el desarrollo económica y social, tal como lo vienen haciendo exitosamente las dos superpotencias del siglo XXI: China e India.
El quinto eje es la regulación, con el objetivo claro de garantizar que los mercados brinden oportunidades para todos, y no solo para unos cuantos. Esto significa evitar los monopolios y los privilegios estatales que todavía dominan mercados e instituciones públicas. El gran déficit de regulación en el Perú se da en el campo ambiental; el Estado debe tener como prioridad defender el principal recurso estratégico del país: nuestra mega diversidad biológica. Si algún país en el mundo necesita un ministerio del ambiente ese es el Perú; que ponga en orden en los otros sectores y mantenga a raya a los agentes contaminantes.
El sexto, y último, eje de la reforma debe ser la lucha contra la corrupción; un Estado corrupto se convierte en la principal traba para el desarrollo, como lo demuestran hasta la saciedad los países africanos. Una prioridad evidente es la reforma del Poder Judicial, que no solo ahuyenta las inversiones sino que es fuente de toda clase de injusticias, alimento de la ingobernabilidad

Propuestas sobre el Consejo Intergubernamental de Descentralización

2007-03-09T10:01:00.000-05:00

Ante la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales que preside el Congresista Juan Carlos Eguren, el Consejo Directivo de la Red de Municipalidades Rurales del Perú – REMURPE, expuso sus propuestas.
En los últimos meses se ha colocado en agenda temas referentes a la reforma del Estado. Consideramos que las medidas propuestas desde el Ejecutivo no son las necesarias, ni las más adecuadas para impulsar una debida reforma del Estado, se esta confundiendo con medidas de reestructuración administrativa que pueden ser importantes, pe ro no suficientes. Consideramos que la reforma del Estado y, dentro de ella, la descentralización amerita medidas más contundentes.
Creemos que se esta dejando afuera la discusión sobre la implementación del Sistema Nacional de Planificación, la discusión de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE); por estas consideraciones la Red de Municipalidades Rurales del Perú - REMURPE, considera pertinente, en función de los temas planteados en la agenda nacional, señalar lo siguiente:
Sobre el Consejo de Intergubernamental de la Descentralización (CID).
Se debe de iniciar un proceso de movilización y sensibilización a las nuevas autoridades regionales y locales para involucrarlas en el actual debate. Para ello, se debe establecer un coordinación estrecha entre la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales del Congreso con las Asociaciones de Municipalidades de cada región y con los Consejos Regionales.
Que se debe de evitar cometer los mismos errores de la constitución del ex CND, para ello se plantea que el nuevo organismo continúe siendo un ente rector y no una Secretaria Técnica adscrita a la PCM; además, se debe de mantener su autonomía lo que significa el manejo de su propio presupuesto.
El Consejo Directivo del CID, debe de integrar todos los niveles de gobierno de forma representativa, es decir, que se involucre y exprese la heterogeneidad municipal. Que incluya a las Asociaciones Municipales de alcance Nacional y Regional.
Sobre el listado de municipalidades rurales
Se debe de emitir el Listado de Municipalidades Rurales según la novena disposición transitoria de la ley orgánica de municipalidades - ley 27972 -. La aprobación del listado, permitirá políticas diferenciadas cuyo objetivo es redistribuir económicamente recursos fiscales en el territorio nacional para que de esta forma cumplan su papel de ser gestoras de desarrollo conforme el papel conferido por la descentralización como una verdadera reforma del Estado, de esta forma dejarán de ser solo administradoras de pobreza. Más aún cuando son 1300 las municipalidades rurales a nivel nacional.

Sobre las Mancomunidades Municipales
Aprobar y publicar por parte del pleno del Congreso, la Ley de Incentivo a las Mancomunidades Municipales al haberse levantado las observaciones del Poder Ejecutivo, esta propuesta de ley no solo permite a las municipalidades asociarse y realizar trabajos en conjunto logrando obras de mayor envergadura para su población, sino que además son una alternativa al fraccionamiento Territorial existente. Entre otros puntos.

Organo Inter Gubernamental para la Descentralización

2007-02-28T09:47:00.000-05:00

Justificando su creación

Julio E, Díaz Palacios
Presidente de la Red Perú

Sin hacer de la descentralización una panacea, pues que no debemos sobredimensionar sus posibles beneficios, menos subestimarlos, no olvidemos que esta es una reforma política de Estado muy importante, razón por la que, pensando en los derechos de nuestros pueblos y los intereses del país, su conducción no puede, no debe quedar en manos solo del Poder Ejecutivo.
En efecto, en la Comisión de Descentralización del CRP está pendiente de dictamen el proyecto de ley que debe constituir el organismo adecuado para la conducción de la descentralización, uno de los componentes fundamentales de la Reforma del Estado Peruano. Este tema se ha convertido en punto importante de la agenda de dicha Comisión, desde el día aquel en que sorprendiendo a muchos el Poder Ejecutivo procedió inconsultamente a desactivar el CND. Los Congresistas de la República Juvenal Ordóñez y Washigton Zeballos presentaron una iniciativa legislativa que ha abierto este proceso de debate y negociación, pero debe mencionarse también la posición interesante asumida por el Presidente de la referida Comisión, Juan Carlos Eguren.
Las cuestiones que están en el centro del debate son: Debe o no crearse un órgano intergubernamental, la conformación de ese órgano y sus funciones; la responsabilidad del Primer Ministro; el apoyo que debe prestar la secretaria técnica de descentralización de la PCM.
Al respecto queremos opinar lo siguiente:
1. Un avance
Saludamos, en primer lugar, que La Comisión de Descentralización y la PCM, estén dialogando para construir un consenso básico en torno a la necesidad de asegurar una mejor conducción de la descentralización, partiendo del criterio de que con la desactivación del CND no solo no se resuelven los problemas sino se agregan otros. Este dialogo y concertación implica de parte de la PCM una rectificación parcial de sus enfoques iniciales, verticales, excluyentes.
Saludamos también el pronunciamiento de la mayoría de Presidentes Regionales que promueve una conducción compartida de este proceso, pero lamentamos profundamente, la ausencia de propuestas sobre el tema en discusión de parte de algunos Presidentes Regionales que deslumbrados por su cercanía al poder han perdido autonomía, sentido común y objetividad y han asumido totalmente el discurso oficialista respecto al CND, creyendo que la única relación que debe existir entre ellos y el Poder Ejecutivo es reunirse con los representantes de éste y gestionar más dinero para obras. ¡Qué flaco servicio se hace a la necesidad de revalorar la política en nuestro país y a la urgencia de forjar un Estado descentralizado y democrático! Lamentamos también que por la debilidad institucional de las asociaciones de municipalidades no existan propuestas representativas de los Gobiernos Locales sobre el punto en discusión.
2. Justificación del órgano intergubernamental
a) El significado y naturaleza de la descentralización
La descentralización es uno de los componentes más importantes de la Reforma de Estado que busca mejorar la gestión pública haciéndola más eficiente, pero también redistribuir el poder político, para forjar un Estado al servicio de los ciudadanos, creando condiciones para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la ciudadanía y la superación de las inequidades. Si bien comprende componentes técnico-administrativos, fundamentalmente es un proceso de naturaleza política, por lo que su modelo, sus objetivos, el diseño de su conducción deben responder a las particularidades políticas de un país como el Perú, donde las relaciones verticales de arriba a abajo jamás han sido efectivas y sostenibles.
b) Su implementación
La descentralización requiere de procesos heterogéneos, complejos y largos para cumplir con sus objetivos, pues debe transferirse competencias, funciones y recursos económicos. Su implementación exige grandes cambios políticos, culturales y administrativos, pues gradualmente el viejo Estado centralista, burocrático e ineficiente, debe dar paso al nacimiento de uno nuevo, motivo por los cuales surgen conflictos de intereses entre los múltiples actores públicos vinculados con esta reforma. Además debe crear nuevas capacidades e institucionalidad para la gestión descentralizada, lo que no se puede hacer en "un abrir y cerrar de ojos". Todo proceso descentralizador genera resistencias según su naturaleza y grado de profundidad, las que deben ser enfrentadas con inteligencia.
c) Las interrelaciones entre Pode Ejecutivo y Gobiernos Subnacionales
En perspectiva, el Poder Ejecutivo debe ser cada vez menos poderoso y dedicarse a definir concertadamente políticas y hacer coordinaciones intersectoriales y verticales, y los gobiernos regionales y locales deben ser cada vez más fuertes y dedicarse a ejecutar las políticas y programas nacionales, sin perjuicio de sus roles normativos y definidores de políticas para sus respectivas circunscripciones, adecuándolos a sus realidades particulares. Para que los procesos de descentralización avancen, se consoliden y tengan éxito es indispensable un cierto equilibrio entre centralización y descentralización, entre ofertas desde el centralismo y demandas desde el interior del país, entre los intereses públicos nacionales y los subnacionales y para ello se requiere de un pacto político social, lo más representativo posible.
d) Naturaleza compleja
La descentralización es un proceso intersectorial y transectorial (entre sectores del Ejecutivo) , multidimensional (económico, político, social, cultural, territorial- ambiental) , intergubernamental (gobierno nacional-regionales -provinciales- distritales) y participativo (involucra a la sociedad civil) y de largo plazo; que debe construir relaciones claras y armoniosas entre los diversos niveles del sistema gubernamental de un Estado que se organiza en base al principio de separación de poderes y del pleno respeto a la autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos regionales y locales respecto del Poder Ejecutivo. Una precaución fundamental que debe considerar la descentralización, es asegurar su continuidad y sostenibilidad en el territorio nacional y en el tiempo, sobre la base del fortalecimiento de los espacios e instrumentos de gestión democrático - participativos, sobre los cuales el partido político encargado del Gobierno Nacional nunca se ha mostrado entusiasta.
e) Lo que no es descentralización
No es descentralización el voluntarismo de trasladar masiva y abruptamente las competencias y funciones, sin el desarrollo paralelo de las condiciones necesarias básicas, generación de capacidades de gestión y fortalecimiento institucional; no es simplemente hacer más obras, negándose a abrir el profundo debate sobre qué tipo de Estado y qué modelo de sociedad necesitamos; no es ni puede ser sinónimo de más reuniones de autoridades subnacionales con los voceros del Ejecutivo, pues con ello, paradójicamente, se refuerza la imagen del centralismo.

En este marco, múltiples son las razones para concebir y crear un órgano intergubernamental encargado de conducir la descentralización . Entre ellas:
a) El Poder Ejecutivo no solo simboliza históricamente el centralismo en el país sino es el cerebro y corazón del mismo centralismo, y mal haría la descentralización "poniéndose la soga al cuello", encargándole la conducción de un proceso al Ejecutivo, que no va a tener la suficiente objetividad y autonomía respecto a un proceso que por principio debe gradualmente debilitarlo.
b) En determinado momento el impulso centralista (a cargo del Poder Ejecutivo) a la descentralización va a limitar o frenar el avance de la descentralización por priorizar otras acciones, como ya ocurrió en el Régimen de Toledo, y porque los intereses centralistas más temprano tratarán de prevalecer, este es el riesgo de "ser juez y parte". Los dos últimos años de Toledo no solo los Ministros, sino la burocracia de alto nivel trabaron la descentralización.
c) Un proceso que debe ser reflejo de un pacto para un horizonte de largo plazo, entre los tres niveles del sistema gubernamental y muchos actores públicos y privados, no puede ser administrado ni liderado solo por uno de ellos, sino por todos ellos bajo un criterio de responsabilidad compartida.
d) La descentralización por su carácter de medio o instrumento debe ser coherente con el impulso del nuevo tipo de Estado y el nuevo modelo de desarrollo equitativo e inclusivo que el Perú necesita, que en este segundo aspecto debe ser superior al actual que hace crecer la economía pero que no redistribuye la riqueza generada, lo que no es responsabilidad solamente del Poder Ejecutivo.
e) La descentralización como vehículo para construir un Estado con mayores niveles de representatividad y de legitimidad es tarea de todos y no solo del Ejecutivo. La descentralización contribuirá a mayores niveles de gobernabilidad solo en la medida que fortalezca y mejore la calidad del sistema político y ésta es una corresponsabilidad del Estado, de los partidos y de la sociedad civil.
f) Si se pretende que la descentralización contribuya a recrear la democracia y a valorar la política, su conducción, cuanto menos, debe ser democrática, plural y participativa, y bajo ningún concepto puede ser vertical o autoritaria. Esta es la única vía para construir la unidad a partir de la diversidad de realidades, enfoques, actores, intereses, dinámicas políticas, sociales, culturales y económicas.
g) La descentralización no es simplemente una política del Gobierno Nacional de turno, sino una Política de Estado establecida así por la propia Constitución Política vigente y esto compromete a todos los niveles del sistema gubernamental y a la sociedad toda; política de Estado que debe aplicarse de modo coherente con una visión estratégica y la estrategia necesariamente es inclusiva, involucrado a todos los actores relacionados con esta Reforma del Estado.
h) La descentralización debe ser conducida interactuando con la reforma del Poder Ejecutivo, otras reformas del Estado, con el Sistema Nacional de Planeamiento, coordinando con órganos autónomos como la Contraloría General de la República, con la diversidad de actores de la sociedad civil, etc.; lo que no depende exclusivamente del Poder ejecutivo.
i) Es necesario prevenir que la conducción de la descentralización se partidarice, de lo cual ya existen evidencias. Por ejemplo el proyecto CHINECAS no se ha transferido al Gobierno Regional de Ancash sino a la Municipalidad Provincial del Santa (Chimbote). Entregar toda la responsabilidad de conducción de la descentralización al Poder Ejecutivo implica el riesgo de que no sea cumplido en algunos de sus componentes, un indicio que nos aconseja a ser muy cuidadosos y prudentes es la negativa del Poder Ejecutivo a cumplir la Ley vigente que crea el CEPLAN, así como el incumplimiento por el Gobierno de importantes ofertas electorales. Escuchar el discurso del Gobierno es necesario, pero insuficiente, también hay que ver lo que hace, para tomar la mejor de las decisiones.
j) El Partido Aprista Peruano (PAP) y el Estado han suscrito, entre otras, la Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional, comprometiéndose a fomentar el dialogo y concertación, institucionalizando los mecanismos necesarios, sobre todo porque la continuidad y profundización de la descentralización exige la atención correcta de un tema muy sensible y complejo, la interculturalidad. En el año del deber ciudadano, el Gobierno debe dar el ejemplo respetando esta Política de Estado.

3. Perfil básico del Órgano Intergubernamental
Justificada así la necesidad del órgano intergubernamental, lo razonable es que:
a) Tenga un conformación con representantes iguales para cada nivel gubernamental, en base al principio de responsabilidad compartida y relaciones simétricas, debiendo sus decisiones ser tomadas mediante acuerdos por consenso o excepcionalmente con los dos tercios de sus integrantes, los que tendrán naturaleza vinculante. Sus integrantes deben ser elegidos por periodos de dos años.
b) Este órgano se reúna cuanto menos cada dos meses, que tenga como función principal la de conducir concertadamente el proceso, aprobando sus objetivos, políticas y estrategias fundamentales, y hacer el seguimiento y evaluación del mismo. Este Consejo debe actuar como el órgano rector de la descentralización, aprobar las políticas y lineamientos nacionales sobre el desarrollo de capacidades y asistencia técnica de los gobiernos regionales y locales, y coordinar acciones con el CEPLAN y el Acuerdo Nacional.
c) El Presidente del Consejo de Ministros sea quien lo presida y asuma la responsabilidad política por la conducción del proceso, debiendo rendir cuentas por ello;
d) Para evitar el riesgo de deformación burocrática de este órgano, todo el soporte técnico y logístico sea facilitado por la PCM, pero evitando que la secretaria técnica sustituya a lo que podría llamarse "Consejo Intergubernamental de la Descentralización" (CID).
Desde nuestros principios, enfoques y experiencias, insistimos en la necesidad de considerar la representación n de la sociedad civil en este órgano intergubernamental

ENTRE DADIVAS Y COMPARTIR EL PODER

2007-02-26T13:04:00.000-05:00

Notas sobre el Consejo de Coordinación Local
JOSÉ ANTONIO LAPA ROMERO

“El poder es aquella cosa que a todos nos obsesiona,
que aunque esquiva todos sucumbimos a sus pies.
Oh Dios, oh poder”

Desde una lectura política continuamente ha sido una obsesión el cómo poner límites al poder. Desde Locke hasta los contemporáneos como Sartori, desde los mas conservadores hasta los mas radicales continuamente ha existido la preocupación a veces obsesiva por el temor ante la tiranía en el ejercicio del poder.
Hablar sobre los consejos de Coordinación Local es hablar para muchos de casi una historia conocida, trágica para unos y cómica o épica para otros. Pero al final de cuentas el reflejo de la vida política en el Perú. Esa historia llena de contradicción, fracturas profundadas, heridas cerradas, y otras cerradas o por abrir. Alguien talvez se pregunte ¿que tiene que ver este pequeño espacio con la historia del Perú?. Desde una mirada simple talvez no haya relación alguna, pero como vamos a ver este espacio reproduce las diferenciaciones sociales, las desigualdades, las discriminaciones y la crisis política actual.

1. Los orígenes democráticos o autoritarios del espacio

1.1. Los orígenes autoritarios
Cuando uno le da una mirada a la realidad de estos espacios existen realidades distintas que obedecen a la forma de gobierno y a la forma de ejercicio del poder. Una de esas historias esta escrita por experiencias donde se ha buscando tener control sobre este espacio con el objetivo político de manejarlos, y no tener espacios donde se muestre o manifieste alguna forma de oposición, así muchos de estos espacios “han sido formado por gente del Alcalde”. Ello indudablemente no quita que se haya hecho alguna forma de elección, sin embargo, lo que determina esta primera forma de origen es la relación directa con el poder político. Cierta complicidad añorada, impuesta o expresión de la voluntad quebrada por intereses políticos o laborales.

Esto esta relacionado con que la novedad del espacio y el poco conocimiento de los mismos dirigentes es que ha contribuido a generar estos espacios “controlados por el gobierno Municipal”. Esta realidad, lamentablemente es la mas extendida en las experiencias de Arequipa pero al mismo tiempo lo que ha llevado a tener espacios formales donde el “si señor” prima sobre el “no señor” o el “concertemos señor”.

1.2. Orígenes democráticos del espacio
A diferencia de la anterior existen las experiencias donde estos espacios se han conformado de alguna forma “democráticamente” , es decir, se ha realizado o ha habido de alguna forma de elecciones entre los representantes de la sociedad civil, ha habido algún grado de información, y se ha realizado abiertamente. Estas experiencias sin embargo son las menos extendidas, son la excepción a la regla.
Esto es fundamental, pues la palabra constituir quiere decir dar origen, dar inicio, y si desde el inicio hay un carácter interesadamente dirigido sabemos hacia donde tira las riendas del caballo.

2. Entre la participación formal y sustantiva en el espacio
Se puede argumentar que la constitución del espacio es un avance en el proceso de democratizació n del poder, pero en realidad y siempre y cuando se haya elegido a sus miembros de manera mas o menos consensuadamente, esa es una condición necesaria pero no suficiente, porque es en la practica que se puede ver si efectivamente este espacio es un espacio de ejercicio democratizante del poder.
En otros términos existe una brecha bien grande que hay que revisar cuidadosamente entre tener o constituir el espacio, que en realidad puede tener un camino autoritario formal (se constituye desde arriba, a interes del poder político, manejable políticamente y se hace porque la ley lo exige), o el camino democrático ( que puede ser por lo menos elegido por consenso o por votación de quienes representan a la población y tienen autonomía y libre disposición en su actuar), tal como lo hemos descrito anteriormente, y el ejercicio que solo se visualiza en la práctica.
En relación a la participación el caso tampoco se aleja mucho de la realidad descrita anteriormente, es decir, se puede tener dos caminos igualmente que se encuentran en una relación dialéctica: el camino de la participación formal y el de la participación sustantiva.

El primer camino da cuenta de los espacios donde se hace las sesiones por cumplir con la norma- las ordinarias son suficientes- , existe un distanciamiento entre la representació n política y social, las agendas toca puntos poco transcendentales y solo para decidir con lo que dice la norma- este caso esta muy presente en los procesos de presupuesto participativo. Mientras que el segundo camino esta relacionado con la participación sustantiva donde se ve como una necesidad la participación y hay algún esfuerzo de incorporar en las decisiones importantes –mas allá de lo formal- a los miembros del Consejo de Coordinación.
Otro elemento importante que es importante mencionar es que quienes participan siguen siendo aquellos dirigentes que forman parte de la “élite” dirigencial, personas con alguna trayectoria o experiencia en la conducción de grupos, que tienen algún tipo de tiempo y solvencia económica –trabajadores dependientes (profesores, técnicos...), trabajadores independientes. .., jubilados, campesinos propietarios, y otros-, de alguna forma politizada o con algún interés de reconocimiento social o político.

3. Entre la esperanza y la desesperanza: hacia un espacio inclusivo, igualitario y decisorio
Hay muchos quienes han y siguen apostando por la construcción del espacio, quienes han estado en los comienzos de su conformación, mas de quienes han estado en el proceso de dar soporte.
Desde nuestro modesto punto de vista hay que situar realistamente este espacio donde corresponde, y ello pasa por tener claridad que mas allá de sus orígenes democráticos o autoritarios, de su participación formal o sustantiva, el consejo de coordinación es un espacio dependiente del poder político llamase presidente o consejo regional o Alcalde o consejo local.
Esa relación de dependencia –y no sólo su condición de órgano consultivo y no resolutivo- lleva a que en realidad el consejo tenga y siempre valla a tener un papel marginal en los proceso de democratizació n y decisiones a nivel local. Además la distante y siempre complicada convivencia con las Autoridades integrantes del espacio hace que no haya una mirada unitaria.
Desde nuestro punto de vista hay que aprovechar el espacio pero hay en primer lugar lograr el peso político que en la cultura política peruana pasa por dar pariedad en el número de integrantes. Además, que hay que fortalecer las organizaciones sociales
Esto puede estar llevando a que los pares políticos no reconozcan a sus pares civiles el estatus que socialmente les es conferido .

Programas Sociales : no basta la fusión II

2007-02-08T15:59:00.000-05:00

Pedro Francke
El gobierno anuncia la fusión de los programas sociales. Según ha resaltado el propio Presidente, la virtud de la medida sería ahorrarle al Estado de 100 a 200 millones de soles. La primera pregunta al res pe cto es cómo se logrará este ahorro, pe ro hay una segunda pregunta, más importante: ¿cómo esto nos acerca al objetivo de reducir la pobreza?
La respuesta a la primera pregunta –cómo se lograrán los ahorros – parece fácil: reduciendo los costos administrativos con las fusiones. Pero eso implicaría despidos de pe rsonal, venta de camionetas y computadoras, cierre de oficinas. ¿Eso quiere el gobierno? Y si despiden gente, ¿no será para reemplazarla por otros con carné? Ver para creer, pe ro sin duda todavía hay mucho pan por rebanar en este as pe cto.
La segunda pregunta es menos obvia, porque al hablar de la fusión de programas sociales ni el presidente García ni sus ministros han dicho nada res pe cto de cómo esta medida nos pe rmitiría avanzar más rápidamente en la reducción de la pobreza. En este sentido, una pregunta elemental que no ha sido contestada es: ¿a qué se dedicarán los 200 o 20 millones de soles que se ahorrarán? ¿En aviones de guerra o en salud y educación para los niños? ¿En mantener exoneraciones tributarias a quienes ganan millones en la bolsa de valores o en promover que los cam pe sinos pobres mejoren sus ingresos?
El tema de la eficiencia que sustenta el discurso presidencial en relación con los programas sociales merece ser analizado más detenidamente. Eficiencia es lograr una relación óptima entre los recursos que se utilizan (máquinas, pe rsonas, materiales) y lo que se produce con esos recursos. Pero la eficiencia siempre se puede ver de dos maneras: 1. Ser eficiente es utilizar los menores recursos posibles para lograr producir algo; 2: Ser eficiente es lograr lo máximo posible con los recursos que se tienen. La idea común en ambas miradas es producir lo más posible con los menores recursos posibles. Lograr lo más con lo menos. Pero mientras la primera mirada pone énfasis en usar menos recursos, la segunda pone el acento en obtener mayores logros. Y las dos miradas muchas veces llevan a análisis muy distintos. Es muy diferente si se fusionan programas sociales para que estos se mantengan con limitado alcance, pocos beneficios y escasos resultados pe ro el Estado se ahorre veinte millones de soles (menos recursos), o si se quiere que los programas sociales puedan llegar a maás pe ruanos pobres con más y mejor ayuda (mayores logros).
El discurso del gobierno con énfasis en el ahorro de recursos no nos dice cómo pretenden enfrentar el problema de la pobreza. Juntar varios programas subfinanciados, centralistas, partidarizados y sin estrategia en uno solo para reducir gastos administrativos no es suficiente. Si alternativamente la fusión de los programas fuera parte de una nueva política para reducir la pobreza, tendría que ir acompañada de un aumento del presupuesto público destinado a este fin y de una revisión de las estrategias aplicadas. Estrategias que deben incluir una reorientación del crecimiento económico hacia la inclusión de los más pobres, la generación de empleos dignos y el desarrollo de las regiones más pobres y atrasadas, además de la mejora de la educación, la salud y los programas sociales.
Hacer más eficientes los programas sociales y la lucha contra la pobreza es una necesidad urgente. Pero el énfasis tiene que estar puesto en cómo lograr el compromiso de reducir la pobreza a la mitad, y sobre esto todavía no hemos oído una estrategia integral del gobierno.

Programas Sociales:no basta la fusión

2007-02-07T17:34:00.000-05:00

Pedro Francke

El Presidente García ha dicho que la existencia de decenas de programas sociales, que subsisten debido a que cada ministerio busca su herramienta de publicidad y soporte político, produce exceso de burocracia y gasto administrativo. La próxima semana se conocería la fusión de varios de estos programas.

La fusión de los programas sociales es necesaria pero insuficiente. Es necesario además aumentarles el presupuesto, afirmar sus objetivos, orientarlos a garantizar derechos sociales, incluirlos en la descentralización y abrirlos más a la participación ciudadana.

Según un reciente estudio del Banco Mundial, el Perú es uno de los países de América Latina con menor nivel de gasto en programas sociales: apenas 0,7% del PBI. No es de extrañar entonces que no lleguen a millones de peruanos pobres y que los programas de mayor alcance – como el vaso de leche – den una ayuda muy pequeña.

El objetivo de los programas sociales es apoyar a quienes viven en pobreza extrema, reducir la desnutrición infantil y permitir que las familias pobres tengan capacidades y oportunidades para progresar. Su objetivo no es que algún ministro, presidente o partido gane aplausos. El gobierno debiera tener esto en cuenta antes de llenar los programas sociales de carnetizados sin experiencia ni conocimientos especializados.

Los programas sociales deben orientarse a establecer derechos sociales, es decir garantizar a todos los peruanos condiciones básicas de salud, nutrición, educación y seguridad social. Para ello, antes que muchos programas diversos que no llegan a todo el país, debe asegurarse que todos – TODOS - los niños tengan la alimentación, atención de salud y educación inicial que necesitan, y que haya apoyo de emergencia a quienes están en pobreza extrema o han sufrido un desastre natural, la pérdida del empleo o de quienes sostienen la familia.

Finalmente, los programas sociales deben tener una estrategia nacional y un fuerte presupuesto, pero deben ser descentralizados fundamentalmente a los municipios y ser dirigidos y gestionados con una amplia participación ciudadana.

Los retos para los programas sociales son grandes. La fusión anunciada debe ser una oportunidad para enfrentar estos retos, y no concentrarse en reducir el número de empleados que trabajan en ellos.

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Algunas reflexiones sobre el arte de gobernar

2007-01-18T15:46:00.000-05:00

Julio E. Díaz Palacios
Presidente de la Red Perú

25 gobiernos regionales y algo más de 1800 gobiernos locales, entre provinciales y distritales, están asumiendo sus competencias y funciones para el periodo 2007-2010. Sus respectivos electores esperan con expectativas que cumplan con sus ofertas electorales. A todos ellos les deseamos el mayor éxito posible.

¿Pero qué ocurrirá al final?. Eso depende de muchos factores. Especialmente de cómo asumen la difícil responsabilidad de gobernar y de la prudencia que tengan para ejercerla. El sentido común aconseja que las nuevas autoridades no incurran en la precipitación de creer y decir que "gobernar es papayita", como lo afirmara un ex Presidente de la República

1. El arte de gobernar

Recordemos que gobernar es conducir, es dirigir, es guiar hacia un rumbo determinado a una institución publica, un gobierno regional o municipalidad, por ejemplo; una organización social, como una federación campesina; o a un pueblo determinado, asentado en una región o en un municipio. Gobernar es mucho más que administrar o gerenciar recursos económicos o instrumentos de gestión. Es llevar la nave a buen destino o buen puerto.

Arte significa pericia y habilidad, ingenio y creatividad, para producir algo. Implica también los estilos o maneras de hacerlo

En consecuencia, el arte de gobernar resultaría ser, entonces, la habilidad para organizar el gobierno y conformar los equipos de soporte, la inteligencia para construir poder mediante alianzas o coaliciones, la habilidad para crear espacios incorporando a la ciudadanía en la toma de decisiones, la eficacia para buscar recursos con fines de financiamiento de proyectos. Mientras en el arte estético el fin que se perseguir es la belleza y el placer o goce que implica verla o apreciarla, el arte de gobernar tiene por finalidad impulsar el desarrollo y la satisfacción que genera es el bienestar que se va construyendo.

El arte de gobernar comprende también los estilos de relación democráticos de los gobernantes con los ciudadanos, en particular la oratoria de la que hacen gala los lideres políticos, para persuadir y convencer a los ciudadanos. En algunos casos la oratoria es tan efectiva e impactante que agrega enorme valor a los lideres políticos, como en el caso de Felipe Gonzáles a quien le decían "el encantador de serpientes" por su capacidad de convencimiento. Es también la información y conocimiento que manejan los gobernantes, su escala de principios y valores, el impacto pedagógico de sus acciones. En una realidad tan heterogénea como la peruana, las características del desempeño de cada gobierno son marcadamente diferentes, no existiendo modelos homogéneos.

En otros términos el arte de gobernar es indispensable para los procesos Buen Gobierno.

2. Los gobernantes y la búsqueda del éxito

Se considera, por principio, que todos los gobernantes aspiran, sienten la necesidad, o trabajan por tener éxito como tales. Esto es lo lógico, pues ninguna autoridad en su sano juicio busca fracasar. Sin embargo, la practica enseña que los resultados son muy diversos. En efecto, algunos son exitosos, otros regulares, otros mediocres.

Los exitosos, son aquellos que sin descuidar la necesidad de hacer obras necesarias, promueven el planeamiento de modo coherente con las visiones de desarrollo, construyen institucionalidad, afirman los sentidos de pertenencia o identidad, abren las puertas y espacios para la participación y construcción de ciudadanía. De otro lado, fomentan el cofinanciamiento de los proyectos, impulsan el tránsito de la gestión publica tradicional en innovadora y estratégica, son transparentes, rinden cuentas, no concilian con la corrupción. Como consecuencia de ello, tienen capacidad de convocatoria y de influencia, sus ideas son bien valoradas y sus propuestas apoyadas.

Los regulares, se preocupan en hacer obras y promueven algunos cambios, con vacilaciones y temores. Como resultado de ello, su capacidad de influencia es moderada. A las justas alcanzan una nota aprobatoria.

Los que fracasan, son aquellos que no logran entender para qué fueron elegidos. Se pierden en el anonimato, en la practica el poder es ejercido por uno o varios asesores. Le tienen temor o pánico a la participación. Confunden gobernar con improvisar, con mentir, con incumplir, con engañar. Se muestran débiles ante la corrupción. Confunden gobernar con simular. Ocasionan las llamadas crisis de gobernabilidad.

3. Las exigencias del arte de gobernar

Nuestro país necesita de gobernantes exitosos, para plasmar la promesa de vida peruana de la que nos hablaba Jorge Basadre y tantos otros ilustres peruanos.

Para ello, el arte de gobernar:

a) Es priorizar el desarrollo humano y la necesidad de educar como factor de cohesión e inclusión, brindar eficientes servicios de salud, asegurar la alimentación del pueblo, crear las condiciones para producir bienes y servicios. Comprende también la necesidad de enfrentar seriamente los peligros de la vida social como la violencia e inseguridad, la pobreza y exclusión, los nuevos riesgos de enfermedades.

b) Es también defender la autonomía de la nación, de su región o de su municipio, es fortalecer las instituciones y preservar su independencia. Es fomentar la construcción de capital social sobre la base de redes sociales y sus múltiples relaciones.

c) Significa gobernar con la gente, conectado la palabra con la acción, es abrir las instituciones publicas y crear espacios, para que los ciudadanos se acerquen al Estado y conozcan qué se hace en y desde éste. Es respetar sin dudas el derecho a la participación ciudadana. Es construir la cohesión social e intercultural. Es recrear, profundizar agregarle calidad a la democracia considerando sus múltiples modalidades (representativa, directa, participativa) , construir nuevas formas de relación entre Estado y ciudadanía, en una perspectiva de forjar un Estado al servicio de los ciudadanos.

d) Es estar abierto a los aprendizajes desde la experiencia y sustentar la innovación y creatividad en las lecciones de la práctica. Es valorar los aportes de los aciertos, pero también las lecciones generadas por los errores. La producción de evidencias claras para impulsar reformas de políticas públicas o institucionales, así como para generar conocimiento, es una clave de la gestión de gobernar..

e) Exige, como lo proponía Maquiavelo de las virtudes de la astucia y de la valentía, la primera para enfrentar muchísimos peligros que siempre están presentes en los procesos políticos y sociales , la segunda a los "enemigos" coyunturales o permanentes. A ello debe agregarse la transparencia, la probidad, la honradez, etc.

f) Pero también se requiere saber la historia y tradición de los pueblos, conocer la complejidad de la sociedad y del Estado y de sus múltiples interrelaciones, conocer los problemas y posibilidades de la administració n publica, saber guardar silencio y escuchar, tener un gran proyecto a partir de las fortalezas y oportunidades regionales o locales, contar con equipos de gobierno sobre la base de los mejores y no solo los incondicionales, saber informar y comunicar.

g) Es construir alianzas y coaliciones con otros actores políticos y sociales, no solo para impulsar experiencias de buen gobierno, sino como vehículos de fortalecimiento del sistema político democrático. Es multiplicar no dividir, es sumar no restar, por lo tanto es comprometerse con el impulso de la asociatividad y mancomunidades municipales y regionales.

h) Es promover la cultura del diálogo y la concertación, la conciencia de compromisos entre autoridades y ciudadanos, sobre la base del ejercicio equilibrado de derechos y deberes. Es fomentar una cultura de valores, particularmente la solidaridad. Es articular políticas territoriales con sectoriales, es integrar lo distrital con lo provincial y regional, lo público con lo privado. Es integrar géneros y saberes.

i) El arte de gobernar requiere de lideres y lideresas visionarios, que abran surcos en terrenos aparentemente desiertos y que siembren semillas en ellos, que luego darán frutos, ante la desconfianza de no pocos. Es convertir en una orquesta que toca hermosas melodías, integrando las capacidades de las personas y el aporte de los instrumentos de gestión, para responder con oportunidad y calidad a las demandas sociales.

Se alejan del arte de gobernar quienes improvisan, gobiernan de espaldas al pueblo, mienten, engañan, simulan, quienes echan la culpa de todo al pasado, y no asumen directamente ninguna responsabilidad. También quienes quedan atrapados en el inmediatismo, descuidando el largo plazo, quienes se nutren de las practicas políticas tradicionales que van del caudillismo político a la demagogia, el departamentalismo y localismo, la simple retórica y la siembra de cemento. También quienes se enredan en la frivolidad y el espectáculo, se olvidan de la decencia política y comienzan a perder la noción de que la política es una expresión de vocación de servicio al pueblo.

Por todo esto no todos los elegidos impulsan procesos que respondan al arte de gobernar; la mayoría son meros administradores o cuanto más representantes, pero no auténticos gobernantes, verdaderos ejemplos del arte de gobernar. Contribuyamos que estos sean cada vez más y mas.

PARTICIPACION DE NIÑ@S Y ADOLESCENTES EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

2006-12-11T12:53:00.000-05:00

La experiencia de Villa El Salvador

Teresa García Neyra, Juan Cavassa Angulo
Equipo de Gobernabilidad y Ciudadanía de tierra de niñ@s

1. ANTECEDENTES.-
La reforma Descentralista en el Perú ha instituido espacios de participación ciudadana que deben contribuir a democratizar la gestión del gasto público local y regional, promoviendo un rol más protagónico de las organizaciones vecinales y sociales en la tarea del desarrollo; hemos entendido que ellas pueden aportar sus diversas potencialidades, en el marco de prácticas de cooperación y acuerdos concertados. Queda claro, que no se trata en forma alguna de sustituir o menoscabar la autoridad legítimamente elegida, esencialmente consiste en incorporar los aportes y propuestas de la población organizada, que asume mayores compromisos en aras de un mayor dinamismo en el desarrollo local y regional.
La nueva Ley Orgánica de Municipalidades en Mayo de 2003, institucionalizó la formulación e implementación de los principales instrumentos de gestión local: Planes de Desarrollo Concertado y Presupuestos Participativos, ellos fueron asumidas progresivamente como prácticas de los equipos municipales, los representantes de las organizaciones vecinales y algunas organizaciones sociales de base, quedando sin embargo excluidos importantes sujetos sociales, que no participan todavía del proceso; en general, por considerárselos poco representativos o poco relevantes como actores con acceso a ese derecho.
En Villa El Salvador, los niñ@s, adolescentes y jóvenes participan en los Presupuestos Participativos a partir del 2004; ellos constituyen casi el cuarenta por ciento de la población de esa localidad.

2. PARTICIPACION ORGANIZADA DE NIÑ@S Y ADOLESCENTES
Desde el año 1999 se vienen implementando en las escuelas públicas, espacios de organización a través de los Municipios Escolares, donde se promueve la participación de los niños, niñas y adolescentes, quienes realizan diversas acciones en favor de su escuela desde las diferentes regidurías temáticas; así también, se preparan para el ejercicio de su ciudadanía a partir de prácticas de convivencia democrática.
Por ello, para tierra de niñ@s fue de la mayor importancia fortalecer estos espacios de participación, donde los niños y adolescentes de Villa El Salvador, desarrollaban procesos en los que compartían decisiones desde su propio enfoque social, incidiendo además en la vida de la comunidad en la que interactúan, de suerte tal que ejerciendo su derecho fundamental a la participación, desarrollan un real protagonismo, fortaleciendo así sus capacidades autónomas y de liderazgo.
Desde esa perspectiva de la promoción del derecho de l@s niñ@s a ser escuchad@s, se trabajo a partir del año 2002 en las instituciones educativas de Villa El Salvador a fin de facilitar la creación de una Red Distrital de Municipios Escolares, donde los alumnos pudiesen compartir sus experiencias de organización y participación;
La referida red se llegó a conformar en el año 2003, gracias al trabajo articulado y coordinado con la Municipalidad de Villa El Salvador a través de su Gerencia de Educación, Cultura y Deportes.
A partir del año 2004 la experiencia de los Presupuestos Participativos en Villa El Salvador supuso incluir a 38,000 niñ@s y adolescentes a través de los Municipios Escolares de treinta y seis Instituciones Educativas, asignando el Concejo Municipal el 2% del presupuesto anual de inversión para sus proyectos.

3. LA OPORTUNIDAD DE LOS CONTENIDOS DEL DCN-EBR PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS NIÑ@S Y ADOLESCENTES

Para el desarrollo de una nueva ciudadanía la inclusión de los niñ@s y adolescentes en los espacios de decisión local es de la mayor importancia; las oportunidades que suponen la existencia de un espacio institucionalizado de organización y participación en la escuela, como son los Municipios Escolares, y los nuevos contenidos del DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 2005-DCN, particularmente en las áreas de Personal Social y Ciencias Sociales, configuran un escenario altamente prometedor; de su simple lectura se puede deducir la trascendencia que remite a la formación de un sujeto social propositivo, con mejores metas educativas para el desarrollo de su ciudadanía así como la promoción y aprendizaje de practicas democráticas en la escuela y de compromiso con el desarrollo de su entorno local.
En el caso del nivel primaria el DCN indica que el “área de personal social tiene como finalidad contribuir con el desarrollo integral de niñas y de los niños como personas y como miembros activos de una comunidad. El área comprende competencias, capacidades y actitudes que les permite a los estudiantes convivir democráticamente, desarrollar su identidad y su sentido de pertenencia a una comunidad (local, regional, nacional, latinoamericana y mundial), así como reflexionar y comprender los procesos naturales, históricos y socioculturales.”

En el nivel secundaria, el área de Ciencia Sociales “tiene como propósito la construcción de la identidad socio-cultural y la formación ciudadana de los adolescentes y jóvenes.”
“En esta perspectiva la formación en valores cívicos y ciudadanos no son –un tema a dictar- , es más bien el resultado del ejercicio en el aula, la escuela y la comunidad. Así, se propicia que cada estudiante conozca, respete e interiorice, y proponga normas de convivencia social (Estado de Derecho), a partir del conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades en los diversos espacios y contextos sociales. La formación ciudadana prepara para la participación en sociedad y para solucionar problemas relativos a los asuntos públicos.”

4. RESULTADOS ALCANZADOS EN LA EXPERIENCIA DE VILLA EL SALVADOR

La experiencia de Presupuestos Participativos de los niños, niñas y adolescentes en Villa El Salvador, ha significado en los últimos tres años la ejecución de 72 micro-proyectos educativos, algunos de ellos con aportes o co-financiamiento privado entre 2005 y 2006;
En el proceso 2006, se implemento además la metodología de talleres de diagnóstico desde el nivel aula (identificación de problema), formulación de las ideas de proyecto en la Asamblea Escolar, para finalmente desarrollar la priorización con la participación de los Concejos Escolares que corresponden a un determinado Territorio del distrito; en ese sentido, se formalizaron acuerdos para la ejecución de 08 Proyectos para el año 2007.
Es relevante considerar que desde el 2005, las organizaciones juveniles, de arte y cultura en Villa El Salvador, están participando del proceso de Presupuestos Participativos como cualquier organización; en tal sentido, se vienen configurando en el nivel de transición necesario, donde los aprendizajes de participación democrática adquiridos en la escuela, deben propiciar la emergencia de nuevos liderazgos y modelos de colectivos juveniles comprometidos con el desarrollo del distrito.

Los Líderes Regionales y Locales y los caminos de la innovación de la Política

2006-12-04T16:18:00.000-05:00

Julio E. Díaz Palacios
Presidente de la Red Perú

En nuestro articulo anterior “Los Líderes Políticos Regionales y Algunos de sus Desafíos”, señalábamos que los peruanos y peruanas necesitamos “no solo nuevos rostros en los escenarios políticos, sino hombres y mujeres capaces de aportar a la innovación profunda de la cultura y las prácticas políticas tradicionales, capaces de contribuir a una democracia de mayor calidad y de armonizar la democracia con la eficiencia, capaces de promover el buen gobierno”.

Desarrollando esta idea podríamos afirmar muchas cosas pero en esta oportunidad queremos llamar la atención sobre parte de las cuestiones claves, señalando aquellos aspectos de la representación política y de la gestión pública descentralizada en los que sería fundamental que los 25 presidentes regionales y también los centenares de nuevos alcaldes recientemente elegidos para el periodo 2007-2011, pueden y deben aportar con sus propuestas y prácticas positivas.

Estos son los caminos específicos que tienen a su alcance para demostrar que significan una realidad muy diferente a la de los llamados políticos tradicionales:

1. Facilitar una relación horizontal con los ciudadanos, evitar formar “argollas” y alejarse de la soberbia, eliminando la ostentación y el derroche económico en el ejercicio del cargo, lo que va en perjuicio del cargo de representación.

2. Fortalecer la democracia, articulando la democracia representativa necesaria pero insuficiente, con las diversas modalidades de democracia participativa que incluye no solo la pluralidad de intereses de los ciudadanos sino aporta sus múltiples capacidades, para incrementar la calidad de la democracia, como factor de construcción de ciudadanía y de gobernabilidad en el país, pero también como factor de vehículo de continuidad y sostenibilidad de los procesos de desarrollo.

3. Respetar y promover en los ciudadanos el respeto a la planificación del desarrollo y su relación con los presupuestos participativos, afirmando la priorización de las inversiones publicas sobre la base de criterios razonables de asignación concertada de recursos, contribuyendo así a mejorar la calidad del gasto y a erradicar las viejas practicas populistas.

4. Reforzar la transparencia de todo tipo de decisiones y de la ejecución presupuestaria, garantizando el acceso ciudadano a la información de interés público, mediante la periódica rendición de cuentas y el apoyo a las iniciativas ciudadanas de vigilancia social. La primera es una expresión de respeto de las autoridades a los ciudadanos que constituyen la fuente de su poder y la segunda es una expresión autónoma de control social.

5. Formar equipos de gobierno interdisciplinarios en función de las calificaciones y experiencias profesionales y no de la presión de la militancia partidaria o del amiguismo. En lo posible, las mejores capacidades regionales y locales deben ser invitadas a formar parte de estos equipos de soporte.

6. Pensar en las diversas posibilidades de desarrollo de la región o en las localidades, pero sin perder de vista de que somos parte de un país, de una nación, el Perú, a cuya visión de desarrollo y proyecto nacional todos debemos de contribuir.

7. Realizar gestiones públicas que tengan como centro los derechos de los ciudadanos, que busquen resultados eficientes, que racionalicen los costos, que traduzcan una innegable vocación de servicio, que armonicen las políticas sectoriales con las territoriales, que reduzcan los niveles de verticalismo en la toma de decisiones.

8. Poner en vigencia una nueva noción de éxito en materia política en el sentido de que esta no es sinónimo de más dinero y mayor número de obras, sino desencadenar los procesos que conducirán a los objetivos del desarrollo humano, como procesos acumulativos sobre la base de la participación activa de los y las ciudadanas y sus organizaciones. El desarrollo es eminentemente transformación económica, política y social. El discurso político por supuesto que es necesario, pero más importante que ello son los procesos de cambios, que si son auténticos necesariamente afectarán intereses creados y generarán, por lo tanto, fuerzas opositoras. A la palabra, los auténticos líderes, deben sumarle las cifras de las metas, para medir los avances y los progresos que deben conquistarse. En este marco, la prioridad incuestionable de la lucha contra la pobreza necesita no de paliativos sino atacar sus causas estructurales, en caso contrario los compromisos por reducir la pobreza no serán sino meras ilusiones.

¿A dónde nos conducen estos caminos?

Primero. Enfrentar las plagas de la política tradicional
De esta manera, los lideres políticos ayudarán al país a enfrentar algunas de las plagas más serias de la practica de la política en nuestro país, como son la soberbia y ostentación en el desempeño, el autoritarismo en la toma de decisiones, la improvisación y falta de prioridades, la corrupción y falta de ética, y el clientelismo o partidarización de de la gestión publica; así como, por otro lado, no dejarse atrapar por el localismo o el regionalismo, avanzar hacia la modernización de la gestión publica y poner en practica una manera de entender la política, particularmente lo que debe entenderse por éxito en esta dimensión de la vida social. El impacto de todo esto contribuirá a enfrentar las múltiples crisis que afectan a las organizaciones políticas, como son las crisis de representatividad, de legitimidad, de efectividad, de credibilidad.

Segundo.- Forjar liderazgos de mayor calidad
Todos estos caminos son necesarios para que los presidentes regionales y también los nuevos alcaldes contribuyan a darle una mayor calidad a los liderazgos oficiales, sobre la base de la capacidad de estos para aportar a una gestión visionaria del desarrollo, poniendo la puntería en el blanco en la atención de las demandas sociales, y ejerciendo habilidades para articular actores públicos y privados creando alianzas y facilitar procesos de desarrollo en diversos planos. Los líderes regionales y locales deben contribuir a reforzar la autoestima de los ciudadanos a quienes representan, compartir con ellos la apuesta de trabajar y luchar por determinados objetivos, desplegar en esa perspectiva las iniciativas que fuesen necesarias y, especialmente, ser profundamente innovadores y creativos. Pero sobre todo, nutrirse en todo momento de los principios y valores éticos, que marquen un desempeño de calidad superior al de otras autoridades y que, con toda seguridad, va a estimular que un creciente número de ciudadanos se persuadan de acercarse a las instituciones del Estado y se reconcilien con la política. Un aspecto clave que no deben descuidar los líderes es su rol pedagógico, pues con sus actuaciones en los escenarios oficiales, contribuyen a forjar opinión pública y motivar comportamientos positivos.

Tercero.- Poner en marcha una nueva forma de gobernar
Los verdaderos líderes están en la posibilidad de demostrar que la política no es una herramienta para acceder al “Estado botín”, sino el arte de gobernar con transparencia, equidad y solidaridad. Los verdaderos líderes entienden que gobernar en representación de o para los ciudadanos es parte de las expresiones tradicionales de hacer política, necesarias pero insuficientes, y que “lo innovador y moderno es gobernar con los ciudadanos”, ampliando y fortaleciendo los espacios y herramientas de democracia participativa.

Cuarto.- Articular el corto con el largo plazo
Los verdaderos líderes no se agotan en los problemas de corto plazo, sino piensan también y fundamentalmente en el horizonte largo, pues los líderes más que constructores de obras son edificadores de futuro, sobre la base de la mayor coherencia posible entre sus ideas, el discurso y la acción concreta. Pero en el corto plazo, deben mostrar eficacia, en caso contrario provocarán demasiado pronto el desencanto de los electores y la pérdida de su apoyo. Y deben tener presente que parte del corto plazo son los problemas de la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la desnutrición, la deficiente calidad de la educación, la exclusión de lo servicios de salud, el drama que viven millones de peruanos en agua potable y sin servicios de alcantarillado.

Pensar nacionalmente, actuar localmente

2006-11-23T10:06:00.000-05:00

Walter Varillas
Instituto de Democracia Participativa

Sin ánimo de un análisis exhaustivo, sino como una provocación al debate y análisis colectivo, enviamos algunas notas sobre los resultados electorales y los resultados preliminares de la ONPE. Un dato que nos llama la atención es cómo es que muchos de nuestros candidatos participacionistas no han ganado, incluso algunos que tentaron la reelección. ¿Nuestro mensaje sólo esta dirigido a las natas (para no hablar de élites que en estricto difícilmente son) locales? ¿No llegamos a la población y reproducimos espacios y esferas de las pituquerías locales, que se copian del centralismo limeño de izquierda e intelectualoide? ¿Qué tanto los medios de comunicación han influido en las mentalidades masivas, mientras seguimos circunscritos a nuestras "nuevas" metodologías de comunicación popular del siglo pasado (recordemos que el tema de los medios está presente en la Venezuela de Chávez y en el Brasil de Lula, para no hablar de nuestra historia)? Pero creo que debemos de reconocer que en un país con alta informalidad y pobreza, es difícil que existan condiciones para un participación política institucionalizada (es difícil hacer planificación estratégica con el estómago vacío), y difícil la configuración de clases sociales, y por tanto representaciones políticas estables. Esto se ha visto (la crisis de partidos) desde los 90. Pero ha sido agravado por nuestros propios errores, que no encuentra respuesta en la fácil salida de "entonces hay que construir partido" o de "entonces la respuesta esta en la sociedad civil, en crear movimientos y espacios éticos". Posiblemente haya que comenzar jubilando a nuestra generación dando paso a jóvenes a los que acompañemos en sus búsquedas de propuestas.
En fin se abre un proceso de análisis para generar trasformaciones políticas significativas y lograr la competitividad del país comenzando por eliminar la pobreza. Qué suerte tenemos de vivir en nuestro Perú, siempre con la Historia por hacer.

Podemos sacar las siguientes conclusiones generales y preliminares sobre los resultados electores:

• Hay una clara diferencia entre Lima, las regiones, las provincias y los distritos. Se ratifica una dispersión política
• En Lima gana claramente Castañeda (más que Unidad Nacional), y en el Callao Alex Kouri. Como partidos: gana UN y Chim Pum Callao. Siguen: Lay, APRA. Somos Perú retrocede dramáticamente.
• En las Regiones, pasan de 2/3 de partidos en el 2002 a 19 regionalistas y 3 del APRA (de 14 anteriormente) y 3 de izquierda nacional (UPP, Fuerza Democrática y MNI) en 2006. Aunque hay un claro predominio izquierdista.
• La población ha castigado y premiado a los reeleccionistas. Posiblemente haya sido una reacción frente a la gestión y su capacidad de "llegada".
• Dos grupos: los que tienen más del 33% y los que peligrosamente tienen menos de este porcentaje, aunque parece que son menos que en el 2002.
• No hay partidos nacionales:
o Alan se fortalece dentro del APRA y fuera. Dentro esta en mejores condiciones de controlar la avalancha mercantilista o por un puesto (esta campaña pudo haber sido un distractivo de la militancia, y como ha mostrado su incapacidad no se merece un puestito). Respecto a la dispersión, Alan desarrollará (ya lo inició) con negociaciones uno por uno, comenzado por los cercanos y dejando a los potencialmente conflictivos solos. Resultado: no hay oposición.
o El APRA sin Alan es como cualquier otro partido. Ha retrocedido en Gobiernos Regionales, parece que algo avanza en Lima. Ha perdido en Trujillo. Triunfo de Murgia.
o PN y UPP están dispersos, refleja su crisis.
o UN solo en Lima, y con divorcio ad portas. Lourdes sale mal parada, Castañeda crece en expectativas presidenciales..
o SP desaparece nacionalmente y retrocede en Lima.
o Los disturbios locales confirman lo que ha registrado la Defensoría. El principal factor de conflicto en el país son los municipales distritales. Casos de brotes ciudadanos contra "golondrinos”. Campaña con brotes de violencia, accidentes, uso de medios del Estado, proselitismo, etc.
 Túcume (Lambayeque) han quemado el Municipio por reelección.
 Huancayo (Huayucachi).
 Chota han baleado y agredido a funcionario. Llama militantes de compromiso campesino han tomado oficinas de ONPE,
 Chalamarca han destruido ánforas.
 Distrito de Tajatamba, incendian casa del alcalde.
 San Juan 800 pobladores de Cajamarca, han roto lunas y atacado a personeros y miembros de mesas.
 Namora 400 personas han bloqueado.
 Las Lomas, Piura.
 Miracosta, Chota, han incendiado la municipalidad y ánforas.
 Cerro de Pasco. Municipallidad Paucartamabo. Colegio Alfonso Ugarte.
 Curamori, Piura, intento de secuestro.
 Lancote, Sullana, apedreo de municipalidad.
 Huari Chavin de Huantar. Quema de actas. 1000 pobladores atacaron a local de votación, quemando actas. Reelección de Somos Perú.
 Elecciones en Majen, se han suspendido. Wagner: Bambamarca, Loreto, distritos, Huallanca, Oyaechea Puno.
 500 personas del movimiento Humanista, revocado en 1992, Lomas, Piura.
 Puerto de Cerro Azul, Cañete. Gano Padin, perdió el alcalde. Policía no quiere proceder.
 Umachiri, Melgar. Secuestrado personal de ONPE. Incendiado carro del ejercito.
 La Libertad de Tallan, Celendin, golpeados ONPE.
 Lacoyta, San Ignacio. ONPE cedulas ya marcadas. Alcalde ha dado hospedaje, población se está manifestando.
 Jayanca, Chiclayo.
 Distrito Yauli, La Oroya.
 Tiene que ver principalmente con golondrinos. Los canales institucionales no han funcionado.
 Defensoría 1200 incidentes electorales.
• Conclusiones:
o Alan se consolida dentro del APRA, pero también fuera no tiene oposición sino oposiciones dispersas.
o Fragmentación política del país, dispersión electoral pero más localizada.
o Crisis de representación.
• Tareas:
o Concertación con el gobierno nacional y los gobiernos locales.
o Concertación de macro regiones.
o Necesidad de Buen Gobierno, gerencia.
o Mejorar mecanismos electorales:
 Golondrinos, cambios hasta un año antes.
 Porcentaje menor al 30% ir a segunda vuelta.
 Partidos con dos años de anticipación.
 Exceso de candidatos.

INSTITUCIONES, PARTIDOS POLÍTICOS, SOCIEDAD CIVIL Y BUEN GOBIERNO

2006-11-15T13:08:00.000-05:00

Algunas conclusiones del CURSO INTERNACIONAL SOBRE BUEN GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL, realizado el pasado 12 y 13 de octubre
Con éxito se desarrolló el Curso Internacional de Buen Gobierno Regional y Local los días 12 y 13 de octubre en la ciudad de Lima, organizado por el Instituto para la Democracia Participativa - IDP y el Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña. Participaron alrededor de 40 compañeros, entre candidatos y miembros de ONGs. El encuentro sirvió para compartir herramientas conceptuales, metodológicas y para intercambiar experiencias y opiniones sobre el tema del buen gobierno, en el marco de la construcción del desarrollo local y el fortalecimiento del sistema democrático. Un consenso logrado en el evento reconoce los aportes de la democracia representativa como importantes, pero aún insuficientes y presentan algunas imperfecciones a ser resueltas normativa y prácticamente.
1. La importancia de las instituciones para el logro de la gobernabilidad
a. Las instituciones como base de la gobernabilidad o el buen gobierno
• Alguna de las definiciones sobre gobernabilidad ensayada por el IIG señala que ella viene a ser la capacidad de una sociedad para tomar decisiones de manera efectiva orientadas a la resolución de problemas comunes. Esa toma de decisiones por parte de los actores para resolver los problemas existentes se hace sobre la base de unas reglas de juego claras: instituciones. En efecto, uno de los componentes básicos de la gobernabilidad es el de las instituciones, es decir, no existe gobernabilidad sostenible y fuerte sino existen instituciones sólidas.
• Pero la gobernabilidad también incorpora y promueve principios de equidad y cohesión social. Equidad al no particularizar por sectores los beneficios de las decisiones colectivas; y cohesión social, al promover el involucramiento de actores en el proceso de toma de decisiones.
• La premisa de fondo es que la gobernabilidad o buen gobierno guarda relación estrecha con el diseño institucional sobre el que se construye la gobernabilidad. Por tanto, si una sociedad goza de instituciones sólidas, la gobernabilidad será efectiva. La experiencia internacional demuestra que la calidad institucional permite una buena gobernabilidad y se asocia directamente con el desarrollo económico.
• En ese marco, hay dos tipos de instituciones: instituciones formales e instituciones informales. Las instituciones formales son explícitas y se traducen directamente en normas y reglas. Las instituciones informales, a pesar de no explicitarse en normas, no son menos importantes y son legítimos si existen bajo principios éticos. Por lo tanto, hablar de informalidad no necesariamente significa ilegalidad.

• Sin embargo, siempre aquel que diseña una institución lo hace pensando maximizar sus propios intereses. El diseño de instituciones nunca es neutro y está en función del beneficio del que las diseña. Por ejemplo, en el tema de la desigualdad se puede observar que las élites que han cooptado el poder han hecho que el rediseño de las instituciones sea funcional a sus intereses.
• Otro ejemplo está dado por el clientelismo político, el cual es una institución informal muy arraigada en América latina y seguramente en el Perú, solamente reproduce pobreza y desigualdad. Se basa en relaciones políticas personalizadas entre patrones y clientes. Es contraproducente porque el beneficiario de la decisión política no es la comunidad, sino algún sector en particular.
• Hay diversos tipos de gobernabilidad. Inclusive la gobernabilidad se puede dar en un régimen autoritario. De tal manera, para que haya gobernabilidad democrática debe haber reglas democráticas, instituciones democráticas.
• El ejercicio de la gobernabilidad ha cambiado en los últimos años. Ya no es una manera de gobernar desde lo jerárquico y vertical, decidida desde arriba e implementada por técnicos. Hoy en día, cuando se toman decisiones que afectan a la sociedad, se afecta a actores públicos y privados, por lo tanto es una manera de ejercer gobierno en forma horizontal.
• Algunas de las experiencias de gobernabilidad abierta y horizontal están dadas por los diversos consejos y espacios creados a través de consultas con actores sociales. Los mecanismos de control, vigilancia y monitoreo de las instituciones publicas hacen que se ejerza presión al poder publico para que se tome decisiones publicas en beneficio de la comunidad. Es decir, cuanto más inclusivo y participativo es el proceso de construcción del sistema democrático, más horizontal y efectiva es la gobernabilidad.

b. Los riesgos de la ingobernabilidad
• Hay dos ejes en donde se ve la ingobernabilidad: el primero de ellos se refiere al problema de la ineficacia, es decir, la incapacidad de resolver problemas, un ejemplo es el enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, no se llega a resolver nada por el nivel de polarización entre gobierno y oposición; el segundo de los ejes se refiere a la crisis de legitimidad. La ingobernabilidad tiene que ver con crisis de institucionalidad.
• El otro argumento es que toda institución está en condiciones de reducir los costes de transacción, que viene a ser el costo de intercambio “económico”, los costes de incertidumbre. Si hay una buena institucionalidad se reduce ese coste de incertidumbre. Los costes de relación entre partidos y electores es también un coste de inversión que se hace permanentemente.

• Las relaciones clientelares son personalizadas y dispersas, en donde el patrón establece una pirámide. En donde algunos están por encima de otros. En los partidos políticos institucionales la relación no es personalizada sino generalizada y más amplia e indirecta, en donde los que están en la base desarrollan intereses comunes y ejercen presión.
2. La situación de los partidos políticos y la necesidad de su refundación
• Los partidos cumplen un rol fundamental en la construcción de la democracia. Son claves en la gobernabilidad. La sociedad civil cumple otro rol básico en ese proceso, por ejemplo, cumplen el rol de fiscalización de los partidos, pero la sociedad civil no puede reemplazar a los partidos. La democracia participativa per se no puede resolver gran cosa, salvo en pequeña y mediana escala. Lo que se debe hacer es fortalecer los partidos políticos, es decir, se debe promover una democracia representativa con enfoque participativo. No debemos olvidar que la democracia se resuelve con capacidades humanas, muchas veces dispersas en las organizaciones de la sociedad civil y en los partidos políticos.
• Un problema del Perú es que adolece de partidos sólidos arraigados en todo el territorio y con visón nacional, que sean capaces de promover un proyecto nacional y capaces de implantar políticas eficaces. Generalmente los partidos tienen una visión limeña y centralista. Un problema es que la política se ha vuelto cada vez más competitiva y eso ha producido que se genere un aluvión de expectativas y ello es peligroso, más aún cuando hay una gran crisis de partidos y desconfianza frente a ellos, el descrédito se amplia. Cuando hay partidos políticos frágiles, la mira del gobierno es de corto plazo.
• El problema de los partidos políticos es crónico, y eso pasa por mejorar las capacidades de entendimiento de ellos. Los partidos tienen una visión de trabajo de corto plazo, de resolución de problemas inmediatos. La gran mayoría de los partidos políticos no participan en la planificación del desarrollo ni en los presupuestos participativos a nivel regional y local. Naturalmente, estos vacíos tienen que ver con las imperfecciones del sistema político peruano, que debe reformarse profundamente, uno de cuyos componentes es precisamente la refundación de los partidos políticos.
3. El sistema político peruano, el nuevo contexto y la gobernabilidad
• Algunas de las imperfecciones del sistema político peruano en el próximo escenario tienen que ver con el sistema electoral y de representación, ya que el ganador tiene el derecho a la mitad más uno de los consejeros regionales y municipales, lo cual propicia que estos concejos abdiquen de su potestad para fiscalizar, ya que es probable que los consejeros y regidores nunca fiscalicen al presidente regional o al alcalde de su partido, pues los consejeros y regidores se subordinan a los presidentes y alcaldes.
• Asimismo, el sistema electoral vigente estimula la dispersión y fragmentación política, configurando un panorama en el que los presidentes y alcaldes elegidos con bajo porcentaje de votos se enfrenten a la indiferencia u oposición activa de la mayoría de ciudadanos que votaron por otros candidatos, lo que crea condiciones para la ingobernabilidad.
• El incremento progresivo de recursos por las municipalidades, es un factor que dificulta también el logro de un buen gobierno ya que estimula a que las autoridades estén constantemente en campaña, lo cual va en desmedro de otros candidatos y no permite la renovación de autoridades. Esta situación se complica con la reelección indefinida de las autoridades regionales y municipales, lo que los estimula de hecho a estar en campaña siempre.

4. Municipalidades, gestión publica tradicional, gestión publica moderna
• Antes se entendía a las municipalidades como entidades públicas encargadas de administrar servicios y por ello se hablaba y buscaba dotarlas de gerentes. Hoy la municipalidad es considerada como un órgano de gobierno local, por lo tanto requiere de líderes políticos que contraten equipos gerenciales para una mejor gestión. Definitivamente, hay diferencias explícitas entre una municipalidad que administra servicios precarios y una municipalidad con carácter de gobierno local que cumple un rol promotor de desarrollo integral. Por ello, para el logro de buenos gobiernos locales, es necesario pasar de gestiones públicas tradicionales a gestiones públicas modernas e innovadoras.
• La gestión pública tradicional está basada en una estructura jerárquica, con el alcalde a la cabeza y la ciudadanía en la base. Se sustenta en reglas rígidas elaboradas por el Estado, no incluye ningún componente de participación ciudadana y sus ofertas electorales se orientan a ofrecer solamente un listado de obras. Es asistencialista y clientelista. El presupuesto público es decidido por el alcalde con el apoyo de la burocracia y no incorpora componentes de información a la población. No hace seguimiento y evaluación, y asimismo, es nepotista en diversos aspectos.

• La gestión pública moderna se sustenta en una relación horizontal entre las autoridades y los ciudadanos a través de procesos de diálogo, de concertación y de construcción gradual de una cultura de corresponsabilidad. Su oferta electoral no sólo propone obras sino que se articula a enfoques de desarrollo económico y social. Incorpora exigencias de seguimiento y evaluación que se orientan a renovar la cultura política tradicional, promoviendo la incorporación de cuadros técnicos adecuados sin caer en nepotismo.

5. Elecciones, ciudadanía y candidatos
• En los próximos comicios, es importante que la ciudadanía tenga claridad sobre los antecedentes del candidato y del partido o movimiento en el que participan. Los candidatos por su parte, deben guiarse por una vocación de servicio, tener visión de desarrollo, tener propuestas claras a problemas concretos. Deben asumir como compromiso explícito su participación en debates, ya que es un derecho inalienable de los ciudadanos el saber qué proponen realmente, ello posibilita el voto informado y la generación de confianza. Asimismo, deben ser proclives a suscribir acuerdos de gobernabilidad para el éxito en la gestión pública del desarrollo, y ser proclives a suscribir pactos éticos en la campaña electoral para garantizar un cumplimiento eficiente de la gestión.

• Deben tener predisposición hacia la democracia participativa, pues la estimulación y promoción de la participación ciudadana es un factor de eficiencia y de afirmación del sentido de pertenencia como ciudadano, y afirma la continuidad y sostenibilidad de los procesos. Por consiguiente, un gobierno local es exitoso si ejerce un liderazgo democrático y concertador, lo cual debe expresarse en una visión compartida de futuro, aprovechando potencialidades y oportunidades que permitan una política de alianzas.
• El desarrollo es un derecho de todos y una responsabilidad compartida. En lugar de hablar de desarrollo local, es más acertado hablar de desarrollos locales debido a la multiplicidad de contextos y particularidades de las localidades. En ese sentido, el buen gobierno local promueve canales y espacios claros de participación, ya que el desarrollo local depende mucho del fortalecimiento del sentido de identidad y de pertenencia territorial. Debe quedar claro que no hay recetas para lograr el desarrollo, ni réplicas de experiencias exitosas, lo que hay es aprendizajes desde la práctica de las experiencias.
• El liderazgo es político y no puede estar desconectado de lo técnico, por ello debe promover y construir equipos de gobierno. Ello no se puede lograr sin inversión en desarrollo de capacidades, para ello se necesita planes de desarrollo de capacidades que permitan fortalecer el capital social, y éste no es más que el conjunto de relaciones de reciprocidad, de solidaridad, de complementariedad, de construcción de redes que permite que se trabaje compartidamente por objetivos que interesan a una autoridad y a los ciudadanos.

6. Las nuevas autoridades y el buen gobierno
• Por lo tanto, las autoridades a ser elegidas más que constructoras de edificios de cemento, deben ser constructoras de visiones compartidas de futuro, de liderazgo, de sentido de pertenencia e identidad, constructoras y fortalecedoras de actores institucionales, ya que los ciudadanos no son actores marginales del desarrollo, sino que son el centro de las políticas locales de desarrollo.

• El ejercicio de un buen gobierno debe incluir perspectivas de género, de igualdad de oportunidades, de equidad, etc., y basarse en mecanismos de la democracia participativa como la participación ciudadana, el control social, el presupuesto participativo, etc. El buen gobierno, regional o local, está abierto a incorporar los temas emergentes.
• Es fundamental para el logro de buenos gobiernos locales, fortalecer institucionalidad política. Los partidos políticos no pueden ser sustituidos, tienen limitaciones y defectos, pero es necesario reconstruirlos y recrearlos a partir de la experiencia desarrollada por la sociedad civil. Se necesita nuevos tipos de partidos, con visiones programáticas integrales. Desde las organizaciones de la sociedad civil debemos desplegar acciones orientadas a estimular la innovación de los partidos políticos, porque ellos son necesarios para el fortalecimiento del sistema político nacional, regional y local.
• Por consiguiente, democracia representativa, directa y participativa deben ser los componentes del nuevo sistema político peruano a construir. A pesar de sus imperfecciones, la democracia es más preferible y viable que sistemas autoritarios.

Noviembre del 2006.

Elecciones, Resultados y Tareas Pendientes

2006-11-14T16:06:00.000-05:00

Julio E. Diaz Palacios
Presidente de la RED PERU

La campaña electoral 2006 orientada a la elección de autoridades regionales y locales ya está llegando a su término, pues el 19 de noviembre es el día decisivo, en que los electores votarán. ¿Qué nos va quedando como hechos, resultados y como tareas? Muchas cosas, entre ellas las siguientes:

1. La fragmentación y crisis política continúa
Es evidente que la fragmentación política del país continúa. La fragmentación, la crisis de representatividad y de legitimidad es mas profunda de lo que se cree. Esto se refleja en la proliferación de candidaturas tanto a nivel regional y local, sin que exista claridad de por qué no se integran, en vez de rendir culto a la división. En parte esto ha sido estimulado por la ausencia de normas que establezcan un mínimo electoral para salir elegido presidente regional o alcalde municipal. Increíble, pero podríamos tener alcaldes con el respaldo del 15 % de los electores. También en alguna medida es reflejo de la idea de que las elecciones regionales y municipales supuestamente son más cívicas que políticas, lo que motiva los llamados movimientos independientes.

2. Partidos políticos centralistas y no democráticos, y motivaciones diferentes de los candidatos
En el caso de los partidos nacionales, en muchos casos las cúpulas partidarias han impuesto los candidatos. Algunos dirigentes nacionales, que surgieron como alternativa de cambio político y social, han confundido escenarios y más se han promovido ellos mismos. Grave error. En el caso de las organizaciones regionales y locales constituidas para estas elecciones, también se ha apreciado falta de democracia interna, y gran improvisación. Sin duda miles de hombres y mujeres han candidateado como expresión de su compromiso con el desarrollo, de su vocación de servicio y ello se comprueba con la trayectoria ciudadana o profesional que muestran. Pero no pocos han postulado buscando un puesto de trabajo por cuatro años, hecho que compromete la responsabilidad de los partidos. Esta tremenda distorsión de fines es lo que luego se expresa en gestiones de baja calidad y de mucha ineficiencia.

3. Partidos franquicias y electores golondrinos
Uno de los extremos en la actitud de los partidos políticos es que estos han actuado como “franquicias”, alquilándose a los candidatos que más capacidad económica tienen y pueden mostrar. En el extremo de las actitudes de los electores, una vez más se ha hecho presente la figura de los “electores golondrino”, es decir de aquellos que cambian de domicilio para votar por un candidato determinado en un distrito en el que normalmente no viven y luego vuelven a su sitio.

4. Candidatos tradicionales y candidatos innovadores
En el desempeño de los candidatos se ha podido apreciar la existencia de dos perfiles relativamente diferentes. Aquellos que adhieren teórica y prácticamente a perfiles tradicionales y aquellos otros innovadores. Los primeros son los conocidos caudillos, opuestos a la democracia participativa, a dialogar y concertar con los ciudadanos, los que consideran que el estado es un “botín”, que ahora les toca a ellos usufructuar los beneficios de los cargos políticos. Lo segundo son demócratas, les interesa dialogar y concertar con los ciudadanos, pero les interesa también el fortalecimiento de la organizaciones políticas, asumen la posibilidad de ejercer los cargos públicos como un privilegio para ponerse al servicio de los ciudadanos y no generar procesos al revés.

5. Avances en la institucionalización de hechos positivos
En esta campaña electoral se ha fortalecido la institucionalización de algunos hechos positivos promovidos por el Jurado Nacional de Elecciones, como son las obligaciones de los candidatos de presentar sus hojas de vida y formular los planes de gobierno resumiendo qué es lo qué pretenden hacer, cómo y con qué hacerlo. Pero una vez más, se ha apreciado la clásica “hecha la ley, hecha la trampa”. De parte de las organizaciones de la sociedad civil, redes y proyectos, lo innovador que se ha promovido es la suscripción de los llamados acuerdos de gobernabilidad y la sensibilización respecto a que los debates programáticos entre candidatos debe ser considerado como parte de los deberes éticos, que debería tener también soporte legal. Han impulsado también algunos temas específicos como género e igualdad de oportunidades, prioridades de niños y adolescentes, desarrollo económico, etc.

6. El inevitable cambio del mapa político a nivel regional y municipal
No hay duda que el mapa político regional cambiará. De 12 gobiernos regionales de un total de 25, el APRA, bajará a cinco o seis. A nivel municipal, no es seguro que el APRA alcance el 50 % de los gobiernos locales, entre provinciales y distritales. Lo que si es seguro es que por primera vez perderá la conducción de la municipalidad provincial de Trujillo, ciudad cuna del aprismo. ¿Está preparado para gobernar en estas condiciones? . Esperemos que sí, en caso contrario, que aprenda aceleradamente. En su primera experiencia de 1985 a 1990, el APRA gobernó con la mayoría en la Cámara de Senadores (60 en total), la mayoría en la Cámara de Diputados (180 en total), la mayoría de municipalidades. Ahora no contará con ésta hegemonía. ¿Cuál será las respuesta política que de el Gobierno de Alan García ante esta situación? Como lo anunciara en su mensaje presidencial del 28 de julio de este año, ¿se mantiene la voluntad del Presidente de cogobernar con los gobiernos regionales y locales? ¿Profundizará realmente la descentralización y promoverá la regionalización del país?

7. La necesidad de impulsar las reformas a la legislación electoral
Producidos los resultados, se hace indispensable que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Congreso de la República, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, cohesionen sus propuestas para que con toda la anticipación del caso, se reforme la legislación electoral, tanto regional como municipal, con miras al nuevo proceso electoral del 2010. Es de importancia capital establecer un % mínimo de votos validos para ser elegido, (por ejemplo, 35%) sino se pasa a una segunda vuelta electoral, una distribución más adecuada de los consejeros regionales y los regidores municipales, la separación de poderes entre las instancias ejecutivas y las normativo-fiscaliza doras, etc. Paralelamente debe ponerse límites a la reelección indefinida de las autoridades, que contradice el principio de la alternancia; y, por supuesto, normar también la obligatoriedad de participar en los debates públicos.

8. Presidentes regionales y alcaldes, deben honrar sus compromisos y los consensos construidos
Pero igual o mucho más importante es que presidentes regionales y alcaldes provinciales y distritales elegidos, honren sus compromisos de promover procesos de buen gobierno; que recuerden que las ofertas electorales, aun más, los consensos que han suscrito, a través de los acuerdos de gobernabilidad, son ética y moralmente vinculantes; que no olviden que involucrarse a fondo con la gestión y la lucha por la descentralización del Estado y una gestión pública moderna no es una posibilidad discrecional, sino un deber, y que como parte de esto tienen la responsabilidad de desplegar su imaginación y creatividad, fortaleciendo o construyendo movimientos regionales y locales para conquistar una descentralización por demanda, y no subordinarse pasivamente a la mediatizada oferta procedente desde el centralismo; que, sin duda deben construir infraestructura y los equipamientos necesarios, pero que no deben olvidar que su principal responsabilidad es construir capacidades, poder, propuestas programáticas para luchar de verdad contra la pobreza, el desempleo, la exclusión social.

9. Las tareas específicas de las ONGs, redes y los proyectos de desarrollo
A las ONGS, redes interinstitucionales y proyectos de desarrollo que nos hemos vinculado con la campaña electoral y sus múltiples actores nos corresponde la responsabilidad de evaluar a profundidad cuánto hemos avanzado en los propósitos que nos habíamos fijado: qué progresos podemos mostrar; qué aprendizajes, autocríticamente, debemos realizar, para la próxima vez hacerlo mejor, pero sobre todo para no incurrir en el error de volver a preocuparnos por la diversidad de problemas que hemos detectado, nuevamente dentro de cuatro años; cómo acompañar y apoyar a las nuevas autoridades en el seguimiento de los consensos construidos y suscritos, fortaleciendo y asegurando la continuidad y eficacia de los foros regionales y locales que s vienen construyendo, etc.

10. Los roles de las OSC y de los ciudadanos
Finalmente a las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos a nivel regional y local, les corresponde asumir la cuota de corresponsabilidad en la gestión pública del desarrollo. Obviamente, deben jugar un rol de animación de los procesos regionales y locales, contribuyendo a reforzar los espacios de concertación y dinamizando las herramientas participativas, hecho fundamental para promover experiencias de buen gobierno. De las OSC y ciudadanos depende en mucho que “las autoridades no solo gobiernen en representación de, o gobiernen para, sino gobiernen con los ciudadanos”. Es decir, para avanzar por el camino de forjar un Estado al servicio del pueblo. De las OSC depende en mucho la necesidad de construir nuevos tipos de relación entre el Estado y la ciudadanía como uno de los factores que facilite el impulso de mejores procesos de gestión política y pública y que por esa vía se aporte a la refundación de la política como arte de gobernar y al reforzamiento de la participación como vehículo de construcción de ciudadanía.

Impulsando los cambios necesarios

2006-11-14T10:22:00.000-05:00

Julio Díaz Palacios
Presidente de RED PERU

Pasemos de lo tradicional a lo innovadoren las elecciones regionales y municipales

Todos nos lamentamos de la situación política del país caracterizada por déficit de representación, de efectividad, de ética en la gestión pública, de credibilidad y confianza, de legitimidad, y queremos que cambie en un sentido positivo. Las elecciones de las futuras autoridades regionales y municipales son sin duda una oportunidad para incorporar esos cambios. En efecto, las y los electores mediante su voto pueden ayudar mucho a desterrar lo tradicional y promover lo innovador en materia política, concebida como arte de gobernar y buscar soluciones prácticas a problemas específicos de los pueblos.
¿Cómo diferenciar lo tradicional de lo innovador en las actitudes y propuestas de los candidatos?
El esquema siguiente nos ayuda a dar respuesta a estas interrogantes, las que deben servir de orientaciones para decidir al momento de votar. Pero es necesario al leer y revisar cada punto que evalúen panorámicamente a cada uno de los candidatos a presidentes regionales y alcaldes, en sus localidades. De esa forma se darán cuenta si ellos se acercan más a lo que es el pe rfil tradicional o más al perfil innovador.
1. Caudillos versus demócratas
Los candidatos tradicionales son caudillistas, no les interesa una organización política democrática, quieren un "rebaño" que lo siga, ellos lo deciden y hacen todo.
Los innovadores son demócratas, buscan formar organizaciones políticas sólidas, quieren ciudadanos capaces y preactivos, forman equipos de trabajo.
2. En contra versus a favor de los planes de gobierno Los tradicionales son opuestos a planificar, se resisten a contar con planes de gobierno, quieren tener las manos libres para hacer cualquier cosa, evitan los compromisos públicos, son unos improvisadores.
Los innovadores estiman necesario formular planes de gobierno, pues estos ordenan la acción de gobernar, buscan definir compromisos públicos como parte de la transparencia.
3. Alimentos y ropa usada versus propuestas programáticas
Los tradicionales tratan de ganar el respaldo de los electores regalando ropa (a veces usada) y alimentos, traficando así con la pobreza y falta de conciencia sobre los derechos ciudadanos.
Los innovadores buscan ganar ese apoyo con sus propuestas programáticas, res pe tan a los electores como personas con derechos y deberes, con dignidad, fomentan que todos tomen conciencia de sus derechos.
4. Compra de propaganda versus difusión programática
Los tradicionales se consideran productos electorales, tratan de comprar votos ofreciéndose como la mejor alternativa. Tratan de vencer a como de lugar.
Los innovadores apuestan más a la difusión de sus propuestas programáticas con la cooperación de los medios de comunicación. Comparten información y alientan el intercambio de opiniones y propuestas. Tratan de convencer.
5. Acuerdo versus desacuerdo para debatir
Los tradicionales se resisten o niegan a debatir, se hacen los difíciles, o tratan de buscar todas las seguridades y ventajas, en cuanto a fechas, lugares, moderadores. Los innovadores no solo aceptan sino buscan el debate, pues él permite contrastar las ofertas electorales. Además consideran que el debate es uno de los medios de res petar el derecho de los electores a saber que proponen los candidatos.
6. Obras versus procesos de desarrollo
Los tradicionales priorizan las obras, al margen de las necesidades reales. Estas pueden ser los futuros ""elefantes blancos". Se creen grandes constructores de infraestructura física y equipamiento. Sueñan con las placas de inauguración donde aparezca su nombre con letras doradas.
Los innovadores, sin descartar las obras, ponen énfasis en los programas y en la continuidad de los procesos de desarrollo. Se imaginan como constructores de organizaciones sólidas y de sociedades justas y equitativas, o como constructores de identidades.
7. Excluyentes versus incluyentes
Los tradicionales son machistas, "argolleros", desconfían de las capacidades de mujeres y jóvenes. Excluyen a los que no son de su partido o no actúan según sus intereses.
Los innovadores son incluyentes, consideran el aporte de las mujeres y jóvenes, incorporan inclusive a profesionales calificados que no son de su organización política. Escuchan aprenden las buenas lecciones de los demás.
8. Tolerantes con la corrupción e ineficiencia versus lucha frontal contra ellas Los tradicionales creen que la corrupción es parte de la gestión política y administración pública, que el fin justifica los medios. Son permisivos con la ineficiencia en la gestión, que no es sino despilfarro de recursos.
Los innovadores se comprometen a luchar frontalmente contra la corrupción y la ineficiencia, pues ambas les roban recursos y posibilidades de desarrollo a los ciudadanos.
9. Negativa versus conformidad con suscribir acuerdos de gobernabilidad
Los tradicionales, sobre todo cuando se sienten ganadores, actúan como "pavos reales" y se niegan a suscribir compromisos con los demás candidatos y las organizaciones de la sociedad civil. Le restan importancia a los consensos.
Los innovadores otorgan mucha importancia a los consensos y reconocen que los acuerdos de gobernabilidad son un factor de garantía de cumplimiento de las principales ofertas electorales.
10. Riesgo de gobiernos autoritarios versus gobiernos democráticos
Por todo lo dicho, los tradicionales anticipan un gobierno autoritario, populista, improvisador, capturarán los cargos públicos más importantes, debilitarán los espacios de participación, desecharán los planes de desarrollo, pretenderán usar el presupuesto participativo para imponer sus ideas. Harán perder años de lucha y trabajo por el desarrollo.
En contraste, los innovadores nos anticipan un gobierno democrático, con reglas de juego claras, que res petarán a los funcionarios de carrera, respetuoso y promotor de los espacios de participación, junto con las organizaciones de la sociedad civil potenciarán los planes de desarrollo y los presupuestos participativos. Garantizan que los próximos cuatro años sean años de progresos y desarrollo.
Cada uno de los electores tiene en su conciencia y decisión una cuota de responsabilidad en la lucha por abrirle el paso a lo innovador en la cultura y practica políticas. Esta será lenta pe ro llegara el día en que sea realidad. No nos olvidemos de ello.

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Las razones de la ingobernabilidad

2006-11-09T12:15:00.000-05:00

Martha Lagos

Lo esencial es la democracia; la gobernabilidad es una función del grado de democracia. La ingobernabilidad es producto de la falta de democracia, cuya promesa vino con su inauguración. Un país demócrata es un país gobernable. La democracia es mucho más que un montón de leyes, unas reglas económicas y un conjunto de instituciones. Es, más que todo, una manera de interacción entre las personas en una sociedad, que implica el respecto y la igualdad, en un grado superior de civilización regulada de común acuerdo. Fijémonos en la interacción y sus componentes para saber cómo gobernar. No nos fijemos sólo en las reglas, sino en lo que resulta de su aplicación.
No hay mejor lupa para comprender las sociedades que la idea de que provienen de la divinidad.
¿Quién es el hombre frente al dominio de la verdad y de la ciencia? ¿Puede el hombre llegar al conocimiento del origen de la vida? Tantos descubrimientos científicos han robado la identidad del hombre. En las sociedades más primitivas la falta de conocimiento científico permitía a los hombres sostener falsedades como verdades absolutas. El avance consiste en que el conocimiento cierto nos desnuda de nuestros mitos.
¿Qué hace próspera a una nación? ¿Acaso no sabemos que en América Latina nadie ha acertado en hacer las cosas de tal manera que podamos salir de la pobreza? La reforma de la reforma de la reforma ha fracasado. Hay progreso, pero no prosperidad. En el caso chileno el progreso ha permitido disminuir la pobreza a la mitad, pero aumentar también la brecha entre ricos y pobres. Es una prosperidad que radicaliza la riqueza.
Max Weber escribía que la ética protestante coincidía con el espíritu del capitalismo; por ende, los protestantes tenían ventajas comparativas en su desarrollo frente a otras religiones. ¿Acaso no es cierto que hoy día los países de la civilización occidental más prósperos son protestantes? Al mismo tiempo, en Oriente la actitud hacia la autoridad, hacia el conflicto, es principalmente distinta de las actitudes del mundo cristiano occidental. Con ello, estas sociedades alcanzan altos niveles de prosperidad y desarrollo, negando la tesis de Weber que no consideró relacionar el impacto de otras creencias en sus afirmaciones. Sin embargo, Weber tiene razón en afirmar la relación entre las creencias y el desarrollo de las sociedades. Existe una relación que no conocemos aún en toda su magnitud.
Los datos existentes muestran que la democracia viaja a todas las culturas, que no hay cultura que no pueda recibirla. Al mismo tiempo, la expansión democrática prueba que en vez de confirmarse "un solo" patrón, su aplicación se diversifica a tal punto que nadie ha osado aún dar una definición definitiva.
América Latina encabeza los ejemplos de lo que no hemos sabido comprender acerca de la democracia.
La región vuelve a la democracia hace unas dos décadas, y en este lapso 14 presidentes no han terminado el periodo constitucional para el cual fueron elegidos.[1] Además, cada día hay más personas en las calles que demandan sus derechos. Los derechos económicos son parte del concepto de democracia que tienen estos pueblos, y que alarma a los estudiosos de la democracia haciéndolo llegar a conclusiones fatalistas sobre su implicación autoritaria. Los habitantes de la región no son distintos de los romanos, esperan pan y circo juntos. Al mismo tiempo, los pueblos de la región han sido más pacientes que los de otras partes del mundo; habría que preguntarse si el catolicismo no aumenta la capacidad de los pueblos de resistir las durezas de la vida. "El catolicismo y el espíritu de resistencia de los pueblos", para parafrasear a Weber.
La reflexión sobre la democracia en la región aún no ha empezado; está ausente, como ha afirmado Bolívar Lamounier en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Hay reflexión sobre el "proceso" democrático, pero no la hay sobre lo que es la democracia.
¿Por qué existía la expectativa de que la región debía seguir un paso evolutivo gradual y continuo de consolidación democrática, como la literatura de hace una década daba por sentado sin explicitar, o como lo esperaba la élite democrática del mundo occidental? ¿Dónde está la reflexión sobre los vacíos democráticos que la región tenía, que cada país tenía en sus inicios? El supuesto de que las elecciones libres y las reformas económicas serían suficientes para la evolución democrática ha sido errado. Supuestos que se basaron en el análisis del "proceso" y no del sistema.
La mayoría de los países de la región iniciaron su democracia sin una sólida tradición democrática previa.[2] Inauguraron sus democracias como consecuencia del agotamiento de los regímenes militares y su fracaso en dar solución a los problemas de la ciudadanía.

La Democracia municipal en la descentralización peruana 2001-2005: ¿exceso o insuficiencia de participación? JUAN ARROYO

2006-10-30T16:01:00.000-05:00

El artículo reseña un estudio sobre la participación social en la descentralización peruana a nivel local, realizado sobre la base de la revisión de doce experiencias de gestión municipal participativa en siete departamentos del Perú.
Se partió para ello de estimar la cobertura de la implementación de las nuevas estructuras participativas locales en el Perú, para el primer trimestre de 2005, que alcanzó entonces el 45% de los municipios del país, los cuales cuentan ya con Consejos de Coordinación Local (CCLs), órganos institucionalizados de coordinación entre los gobiernos locales y la sociedad civil. Luego se pasó a problematizar la calidad de la participación, calculándose que el 55% de municipios no había instalado CCLs (franja tradicional); 35% eran participativos por simple cumplimiento de las leyes (franja institucionalista); y sólo 10% eran participativos por la convicción de sus autoridades y líderes sociales (franja participacionista). Las conclusiones centrales refieren al debate sobre cuál tipo de democracia o mix de democracias se acomoda mejor a la idiosincrasia nacional peruana.
La franja municipal participacionista, en la cual se centra el estudio, opera en contextos de gran pobreza y exclusión social. En esta franja se ha encontrado dos modelos de democracia participativa (DP): DP de representantes y DP de representantes con poblaciones. El primero, con Mesas de Concertación de baja actividad y mononucleares, CCLs funcionando como instancias formales, y actores sin mandato de sus representados ni rendición de cuentas. El segundo, abierto e inclusivo, con Mesas arborificadas, CCLs reformados y ampliados, y representantes que rinden cuentas. Ambos modelos distan del tercer modelo, que corresponde a lo normado por ley sobre CCL (franja institucionalista), y del modelo de democracia representativa local, sin instancias de concertación con la población, que corresponde a la amplia franja tradicional de alcaldías que aún no cumplen la propia ley sobre los CCLs.
Mientras en la franja participacionista hay un "exceso de participación" y a veces cierto cansancio de la gente por el asambleísmo permanente, en el Perú se constata la insuficiencia de participación porque la franja municipal tradicional es aún mayoritaria y la franja municipal institucionalista implementa formalmente las instancias normadas, con una o dos reuniones al año. Sin embargo, se necesita flexibilizar la legislación vigente, pues el hiper-reglamentarismo ha hecho que se haga muy rígida la democracia participativa institucionalizada. De otro lado, muchos de los mecanismos participativos desincentivan la demanda de participación, en particular de los más pobres, pues aumentan los costos de la participación. El estudio concluye que la demanda de participación en el Perú es relativamente elástica a los cambios en los costos (tiempo, gastos) y

Gobernabilidad y Ciudadanía, el compromiso de las ADs –PERU

2006-10-19T11:07:00.000-05:00

Gobernabilidad Democrática en el Escenario Peruano.

El marco Político
Entendemos la gobernabilidad democrática como la vigencia de procesos y relaciones basados en el estado de derecho, el principio de subsidiariedad del Estado, allí donde el mercado y la situación de pobreza impiden el acceso a los servicios y oportunidades para el desarrollo de la población; y donde la conducción política de los diferentes niveles de gobierno promueve una cultura de trabajo basada en compromisos y acuerdos con los diversos actores sociales, económicos y políticos, sobre la base del respeto de los derechos humanos . La Gobernabilidad Democrática promueve además procesos que se desarrollan en el marco del fortalecimiento de una cultura que incluye como derecho político el ejercicio a la democracia participativa, la transparencia y la rendición de cuentas.

La constatación
En el Perú se viene implementando instrumentos normativos y mecanismos para una gobernabilidad democrática a partir de la única reforma iniciada, la Descentralización y marcos normativos como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Locales, la constitución de los CCR, CCL, la institucionalización de los procesos de Planes de Desarrollo Concertados y Presupuestos Participativos.
Se vienen implementando progresivamente experiencias de participación ciudadana y concertación con gobiernos locales y regionales, que vienen promoviendo espacios de articulación territoriales con una gran riqueza propositiva y potencialidades económicas y productivas en el corto y mediano plazo. Así mismo se vienen consolidando experiencias innovadoras de participación de la población organizada en procesos de Presupuestos participativos, emergiendo la presencia de redes sociales temáticas como actores que favorecen propuestas de política e inversión social articuladas a los Planes de Desarrollo Concertado. Hay que reconocer que se constatan lamentables resistencias e incomprensión de no pocas autoridades regionales y locales frente a los nuevos procesos institucionalizados por las Leyes Nacionales que consagran el derecho a la participación ciudadana como aporte fundamental del desarrollo.

Lo pendiente
Se hace necesario desarrollar una cultura ciudadana y política que valore la institucionalidad de la participación ciudadana, que coadyuve a elevar la calidad de la gestión local a través del desarrollo de capacidades de autoridades y equipos técnicos municipales; y que impulse el rol de los CCR y CCL como instancias que fortalecen la legitimidad de la acción publica de aquellos gobiernos subnacionales que recogen y validan sus propuestas y aportes.
Desde la ciudadanía, es importante el desarrollo de capital social que promueva el empoderamiento, el asociativismo, la sostenibilidad de los procesos de desarrollo local y como consecuencia el fortalecimiento del tejido social.
Las tareas pendientes y la experiencia reciente nos indican que para una mejora del nivel de Gobernabilidad Democrática en el Perú, es de absoluta necesidad llevar adelante los procesos de Reforma del Estado, Descentralización Fiscal, la integración de las regiones y la implementación del Sistema Nacional de Planificación.

Gobernabilidad como Principio en la Intervención.

La constatación nos invita a trabajar el ejercicio de la Gobernabilidad Democrática, desde nuestras diferentes intervenciones; articulando el ejercicio de los derechos a la ecología y cuidado del medio ambiente, a la equidad de género y a la atención de niños y adolescentes desde la primera infancia.

Lineamientos de Gobernabilidad como Programa Nacional:

1. Desarrollar y fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de las ADs en los temas de Gobernabilidad Democrática.
2. Involucrar a todos los equipos de las ADs para articularse en el tema de Gobernabilidad.
3. Promover el ejercicio del derecho a la participación inclusiva de los diferentes actores sociales.
4. Incidir en la Reforma del Estado, buscando su des burocratización, la implementación eficaz y de calidad de sus acciones. Desde un enfoque sistémico que articule la intervención de los diferentes niveles y sectores de gobierno.
5. Fortalecer el capital humano y social, desarrollando capacidades para la participación propositiva de la población organizada en los espacios de concertación y toma de decisiones con los gobiernos locales.
6. Impulsar la implementación de mecanismos de control social y vigilancia ciudadana respecto al cumplimiento de los acuerdos entre sociedad y Estado y en la gestión de los programas sociales.
7. Promover el desarrollo de liderazgos pedagógicos con prácticas democráticas internas; que respondan orgánicamente en su relación con autoridades a los intereses de desarrollo de sus pueblos.
8. Articular los procesos de Presupuesto Participativo a la implementación de los Planes De Desarrollo Participativos Concertados, promoviendo una mirada de desarrollo integral de las localidades
9. Implementar, fortalecer y legitimar la institucionalidad de los mecanismos é instancias de participación ciudadana concertada con los gobiernos locales, acordes a cada realidad local (CCR, CCL, Redes, Juntas Vecinales, Mesas Temáticas, Mesas de Concertación, Comités de desarrollo local u otros).
10. Promover reglamentación de la transparencia de los gobiernos regionales y locales con modelos de rendición de cuentas de los contenidos informativos, que deben aparecer en los portales electrónicos.
11. Hacer seguimiento y monitoreo a los procesos de descentralización por Regiones que nos permita tener una mirada estratégica para nuestra intervención, apuntando al desarrollo integral y sostenido, en la lógica de las Mancomunidades y el enfoque de Cuencas
12. Fortalecer las capacidades técnicas y democráticas de los equipos técnicos y de funcionarios de los gobiernos locales en el manejo de los procesos de desarrollo participativo concertado.
13. Promover la elaboración, implementación de Planes de Desarrollo Económico concertado y participativo a nivel Regional en la lógica de Mancomunidades y el enfoque de Cuencas
14. Articular los Municipios escolares a los procesos locales, promoviendo prácticas de ciudadanía y democracia participativa en niños y niñas.
15. Promover las alianzas estratégicas interinstitucionales para conseguir un trabajo conjunto local ó Regional que fortalezca el eje de Gobernabilidad Democrática.
16. Incorporar el enfoque de Interculturalidad en las prácticas de los equipos de las ADs, incidiendo en la formulación de Políticas Públicas y acuerdos de gobernabilidad.
17. Generar mecanismos para incluir a las poblaciones de extrema pobreza desde las ADs a los procesos de desarrollo, y promover en los procesos de concertación entre gobiernos y la sociedad civil la elaboración de proyectos y programas que estén dirigidos a superar la extrema pobreza.
18. Incorporar en la planificación local concertada la gestión de riesgo como mecanismo de prevención de desastres.
19. Promover el involucramiento y empoderamiento de la mujer en los espacios públicos y en los procesos de participación ciudadana concertada.
20. Promover la zonificación de los territorios con un enfoque holístico y sistémico del desarrollo.
21. Elaborar é implementar un plan y un sistema de monitoreo y seguimiento para el eje de Gobernabilidad.
22. Promover la realización y el seguimiento a los acuerdos de gobernabilidad desde la sociedad civil fortaleciendo las prácticas democráticas, en todos los niveles de organizaciones de base y los actores políticos.

LAS 20 MEDIDAS DE DESCENTRALIZACION

2006-10-19T10:04:00.000-05:00

La celeridad en la transferencia de funciones sectoriales, programas y competencias, el establecimiento de un plan piloto para la creación de una región, entre otros, forman parte de las veinte medidas descentralizadoras anunciadas por el Presidente de la República, Alan García Pérez, en Palacio de Gobierno donde estuvo acompañado por el titular del CND, Rodolfo Raza Urbina.
A continuación las medidas presidenciales:
1.- Vamos a proceder hasta el 31 de diciembre del año 2007, la transferencia de 185 funciones sectoriales, que van a ser detalladas por el señor Rodolfo Raza, en todos los sectores del Estado, tanto sociales como productivos. Se transfieren 185 funciones sectoriales con sus recursos humanos, con su presupuesto y con sus bienes materiales a los gobiernos regionales para que puedan tomar decisiones en el área de salud, vivienda, gestión de la agricultura, industria, minería y otros sectores.

2.- De acuerdo al proyecto de Ley que hemos enviado al Congreso, los Gobiernos Regionales designarán directa y libremente a sus directores regionales en todas las áreas sociales y productivas. Se acabó la intervención del Estado central en la designación de un Director de Salud en Arequipa o de un Director de Agricultura en La Libertad. Libre y directa designación de los directores regionales por los gobiernos regionales.

3.- En el curso del año 2007 serán transferidos todos los proyectos en ejecución de Foncodes y de Inabif, con sus recursos presupuestales y materiales. Actualmente están en ejecución por un valor superior a los 130 millones de soles.

4.- Van a ser entregados a los Gobiernos Regionales, las acciones de las distribuidoras eléctricas regionales, como aquellos que se encuentran en 6 departamentos o regiones del país. Esto va a permitir la capitalización de los gobiernos regionales y el trabajo de distribución acrecentado en todos los lugares.

5.- Transferimos las acciones de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) al Gobierno Regional del Cusco, según proyecto de Ley que estamos enviando inmediatamente al Congreso, sin menoscabo de la política nacional del combate contra las drogas y la agricultura de la coca en sectores ilícitos.

6.- Transferimos a los Gobiernos Regionales, infraestructura deportiva diversa y dentro de ella 9 estadios en todo el país, que serán de ahora en adelante patrimonio y gestión de los gobiernos regionales, dejando a salvo el rol nacional rector del IPD para la promoción y programación de eventos nacionales.

7.- A partir del 1 de enero de 2007, se comienza un ambicioso Plan piloto para transferir la atención primaria de la salud a los municipios de todo el país.

8.- A partir del 1 de enero de 2007 comienza también un importante Plan piloto para transferir la gestión de los centros y programas primarios de la educación a los gobiernos municipales.

9.- Se transfieren las obras que deberán ejecutarse con los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, por un monto de 200 millones de dólares para los caminos y vías regionales; y 150 millones para las vías municipales. Esto significa que en los próximos años, los Gobiernos Regionales ejecutarán 2,200 kilómetros de carreteras regionales por un valor de 200 millones de dólares directamente y los gobiernos municipales 150 millones que serán asignados directamente a sus fondos.

10.- Para apoyar la descentralización, el gobierno, utilizando los recursos del Fitel y utilizando cooperación internacional, completará en el año 2007, la conexión de 4,154 localidades al sistema de internet nacional y entendemos que ello va a ayudar a las decisiones de descentralización y desconcentración dentro de las propias regiones y gobiernos locales.

11.- Entrega hasta el 28 de julio del 2007, de los desembarcadores pesqueros artesanales de la costa del país a los gobiernos regionales. Son 26 que corresponden al Ministerio de Industrias y Producción y algunos más que pertenecen a otras entidades hasta un número superior a 40 desembarcaderos pesqueros artesanales y se entregarán los módulos de comercialización de pescado a los gobiernos y locales, todo ello, reiteramos acompañado de sus cuadros y personal técnico y de todos los recursos que el Estado invierte en todo aquello que está transfiriendo.

12.- El gobierno reitera la necesidad, según proyecto de Ley que ya hemos enviado, exonerar del Impuesto General a las Ventas a las obras de saneamiento, pavimentación, pistas y veredas de los municipios distritales.

13.- Procederemos a la exoneración de impuestos a las empresas industriales que se establezcan en las zonas alto andinas para favorecer la industrialización y el procesamiento en las regiones de la sierra de los andes.

14.- Iniciamos un Plan de asignación de proyectos especiales, actualmente en el Inade, que no tengan carácter binacional. Por ejemplo proyectos como: Jequetepeque – Zaña, Putumayo, Jaén - Bagua - San Ignacio, Alto Huallaga, Pichis - Palcazú, Sierra Centro - Sur, Madre de Dios, Huallaga Central y Bajo Mayo, Chinecas, todos ellos por un valor de activos de 3,800 millones de soles y un presupuesto de inversión de 80 millones de soles para el año 2007.

15.- Iniciamos una reformulación del Plan Regional, lamentablemente fracasado a un alto costo hace apenas un año, en la llamada formulación del referéndum que fue rechazado por la población. Necesitamos un nuevo Plan Regional, con nuevas fechas, para establecer regiones que juntando varios departamentos, puedan ser sostenibles y puedan tener mayor posibilidad de desarrollo. Nos proponemos de inmediato trabajar a la búsqueda de una Región Piloto, a la cual, con la participación voluntaria de sus alcaldes provinciales y miembros de los Gobiernos Regionales, asignaremos más recursos fiscales y mayor capacitación y capacidad de evaluación.

16.- Para la conformación de las futuras regiones, procedemos a democratizar las Juntas Interregionales. El referéndum fracasó porque fue propuesta por solamente las cabezas de los gobiernos regionales. Faltó la participación local, municipal. Por consiguiente, hemos enviado un proyecto de Ley al Congreso para democratizar las Juntas Interregionales que acuerdan la conformación de regiones y esas Juntas Interregionales cuando llegue el momento de su reunión podrán proponer libremente las fechas de consulta a la población, para conformar las regiones del futuro.

17.- En el año 2008, a partir del primero de enero, comenzaremos una profunda reforma fiscal para fortalecer la captación del impuesto general a las ventas y de rentas dentro de los gobiernos regionales, y una distribución por metas de esos recursos.

18.- Proponemos un Plan de fortalecimiento de la capacitación que comenzará en los meses de enero, febrero y marzo, bajo la dirección del Consejo Nacional de Descentralización, para fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, conforme van recibiendo todas las funciones y atribuciones sectoriales y conformes van designado libremente a sus directores regionales. Este Plan de fortalecimiento de la capacitación y evaluación tiene que estar, naturalmente, sometido a la evaluación de resultados con la presencia de las universidades y de la cooperación internacional.

19.- Para apoyar estos 18 temas, los ministerios comenzarán, como ya lo están haciendo, una política de desconcentración de sus entidades. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura transfiere de inmediato la propiedad y la gestión de 1,664 equipos de maquinaria agrícola y maquinaria industrial pesada a los gobiernos regionales. 1,664 equipos por un valor de 175 millones de soles que son entregados de inmediato a los gobiernos regionales para fortalecer su trabajo. Pero además en este punto 19, el Ministerio de Agricultura desconcentra sus organismos, trasladando definitivamente los centros y sedes del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos a Puno, de la entidad Pro Amazonía al departamento de San Martín y del Programa Nacional de Manejo de Cuencas - Pronamachs a Huancayo en el departamento de Junín.

20.- Quiero recordar que el Parlamento ha aprobado la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo para crear e impulsar el Programa Sierra Exportadora, cuyo objetivo fundamental es convertir a los andes del país en exportadores hacia el mercado mundial con un mayor desarrollo de procesamiento y más ingresos para los campesinos y comuneros.

Estos 20 puntos son la Reforma Estructural más importante de los últimos años, después de la creación de los Gobiernos Regionales y transfieren como he dicho, más de 3,500 millones de soles de inmediato, confirmando la voluntad política y la decisión del Poder Ejecutivo de transferir competencias, funciones, recursos económicos y capacidades a los gobiernos regionales y municipales.

Ser competitivos para la superación de la pobreza

2006-10-10T11:00:00.000-05:00

Walter Varillas

El artículo de Julio Díaz Palacios resumiendo las posiciones de Kliksberg sobre la necesidad de una acción consciente, planificada y directa en apoyo de los pobres, en desarrollo humano y social, puede ser aplicado tanto a nivel nacional como regional y local. Pero también es válido para la acción de las ongs y la sociedad civil. Si se quiere, significa caminar en dos pies: promover competitividad, pero primero combatir la pobreza.
La idea que los pobres deben de esperar y superar su condición por si mismos para no generar asistencialismo, ni paternalismo significa continuar con el deterioro humano (principalmente de los niños) hoy y los siguientes años, mantener niños desnutridos y baja calidad humana, social y, por consiguiente, baja competitividad social global. Por ello ciertamente se requiere de presupuesto para las políticas sociales (por ello es importante mejorar la tributación principalmente de las grandes empresas, reformular el pago de la deuda, promover el ahorro e inversión interna, etc.), también es fundamental mejorar la calidad de la inversión (la gestión pública, la participación y control social, la elevación de las propuestas de las ongs u otros actores de sus proyectos exitosos a políticas públicas),
La Sierra Exportadora, en términos inmediatos, no esta orientada a los mas pobres de la Sierra, que son los mas pobres del país (OJO también hay muy pobres en costa y selva). Su base social es otra. Los más pobres de los pobres están en las zonas alto andinas, en economías de subsistencia, donde es necesario llegar con programas que muestran éxitos y que no se han congelado en el asistencialismo. Convertirlos en políticas públicas.
La base social de la sierra exportadora (con todas las diferencias regionales posibles) son, por decirlo de alguna manera, los pequeños burgueses rurales, potenciales burgueses rurales. Como los retornantes, los que conocen más allá de sus fronteras, los más educados, los que hablan mejor el castellano, que por cierto tienen una serie de capacidades, las comunidades que se han insertado al mercado. Posiblemente ni siquiera necesiten exportar, sino producir para los mercados internos. Pero aquí también tenemos limites, la segmentación de mercados (medida para evitar la saturación) no será rápida ni pronta.
Algunas pistas que dan las experiencias exitosas: posiblemente haya que convertir en política de Estado la experiencia de Gastón Acurio, Santa Natura y otras similares, no se trata de vender papa amarilla, uña de gato o quinua en bruto, sino productos marca (valor agregado). Otro caso es el ecoturismo comunitario, se ha avanzado, pero por ejemplo, tenemos un amplio margen de crecimiento en un segmento de turismo cultural, tradicionalista, de aprendizaje del idioma, de trabajo comunitario, de adultos mayores. Por ejemplo, decíamos en el caso de San Juan de Lurigancho y Ate, deberían ser un enorme Brisas del Titicaca, donde lleven con seguridad y servicios adecuados a los turistas a ver las danzas y costumbres, degustar la culinaria del país. Posiblemente un teleférico al San Cristóbal, entre otras posibles iniciativas agresivas que permitan combinar crecimiento de las economías populares en la ciudad pobre (donde viven la mitad o tercera parte de año parte de los provincianos).
Pero tampoco será posible ni superar la pobreza ni ser competitivos sin generar descentralización. Ya cometamos como, incluso desde el punto de vista geopolítico, es necesaria la descentralización. Ecuador tiene dos mega ciudades (ciudades con más de un millón de habitantes), Colombia 6, Bolivia dos centros (La Paz-El Alto y Santa Cruz), Chile el eje: Santiago-Valparaíso-Viña incluso articulado a las ciudades argentinas, Además todas estas ciudades se encuentran cercanas a otros centros urbanos o maga ciudades. Perú sólo tiene SOLO UNA mega ciudad (Lima, con unos 9 millones), luego no tenemos ninguna ciudad importante como mercado (bordean apenas 500 mil habitantes). Por que no pensar en mega ciudades en la sierra central (por cierto no en continuidad urbana, sino en cadena para evitar los males ecológicos que derivan. Así mismo en el Sur y el Norte. Sin ello será imposible pensar en mercados internos serios. Alguien pueda pensar, pero no es posible una mega ciudad en la sierra. Entonces que son Quito, Bogota, México DF, etc.
Por ello, creo que las posturas unilaterales no son suficientes. Hay que promover la competitividad, pero comenzando con superar la pobreza como política nacional, regional y local. Invirtiendo en desarrollo humano (educación, salud, nutrición) y desarrollo social (capacidades, institucionalidad, trabajo sistemático o integrado), junto al desarrollo económico (competitividad y redistribución comenzando con los mas pobres).
Por ello es sustancial una visión nacional: ser los primeros en el Pacífico Sur de América, pero comenzando por no tener pobres.

Las Falacias sobre los Problemas Sociales

2006-10-10T10:37:00.000-05:00

Julio E. Díaz Palacios
Red Perú de Iniciativas de Concertación

Bernardo Kliksberg, consultor internacional y hoy asesor del segundo Gobierno Nacional del Dr. Alan García Pérez, hace seis años escribió un famoso artículo evidenciando las falacias sistemáticas que existían en América Latina en torno a los problemas sociales [1]. Falacias según la Real Academia Española significa: mentiras que se dicen para falsear la realidad o dañar a alguien. En el fondo estas falacias difundidas intensamente por sectores empresariales beneficiarios del neoliberalismo, sus ideólogos ortodoxos y sus voceros en diversos campos, siguen vigentes aun en muchos sectores políticos y sociales de la región y de nuestro país, motivo por el que vale la pena recordarlos en una breve síntesis.

1. Las diez falacias según Kliksberg

Primera: La negación o minimización de la pobreza . A pesar de la evidente magnitud y crecimiento de la pobreza las dos últimas décadas en América Latina, los beneficiarios del modelo neoliberal trataban de quitarle la importancia que tiene por su gravedad. Para eso utilizaban dos canales. Uno, la relativización de la situación: "pobres hay en todo lados" afirmaban; otros utilizaban el camino negador: "pobres hubo siempre". Las consecuencias prácticas de ambas en las políticas públicas eran claras: Si hay pobres en todos lados y si siempre ha habido pobres no se justifica priorizar el problema, par qué tanto reclamo. Estos errores además de conducir a la ineficiencia entrañaban y siguen entrañando un serio problema ético.

Segunda: La paciencia. Otros planteaban que ante la pobreza era necesario tener una cierta "paciencia histórica", pues luego de los "ajustes de cinturones" (las reformas estructurales), vendrá una etapa de reactivación económica que luego "derramará" sus beneficios a los desfavorecidos y los sacará de la pobreza. Por lo tanto, se decía, lo social debe esperar, pues se necesita entender el proceso, hay que guardar paciencia mientras se suceden las etapas. El mensaje era claro: "La pobreza puede esperar" . De esta manera, se ocultaba el hecho que el daño que puede provocar esa espera es simplemente irreversible y que no tendrán arreglos posibles, por ejemplo los impactos por la desnutrición crónica en los niños o en los excluidos de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. Lo correcto era, incluso desde el sentido común, que frente a la pobreza debía aplicarse más bien una "ética de la urgencia" , pero de ninguna manera señalar "no se desesperen, tengamos paciencia", pues esta significa decenas de miles de vidas que se pierden definitivamente.

Tercera: Con el crecimiento económico basta. Se proponía que todos los esfuerzos deberían orientarse al crecimiento, a aumentar el producto bruto, a priorizar siempre las exigencias de los inversionistas, que esto era lo verdaderamente importante, que lo demás era secundario. Si se crece sostenidamente, la pobreza comenzará a resolverse, pues comenzará a fluir hacia abajo, se indicaba. Se confundía así el crecimiento que es un medio con el fin mismo. El crecimiento era y es necesario, pero el no puede resolver todos los problemas del desarrollo como está demostrado. No basta para el desarrollo humano. Se requiere "no solo más sino un mejor crecimiento, es decir cuales son sus vías, sus prioridades, quienes se benefician, que políticas se aplican con relación a la educación, salud, agua potable". Es cada vez más evidente que crecimiento sin redistribución no es sinónimo de desarrollo.

Cuarta: La desigualdad es un hecho de la naturaleza y no obstaculiza el desarrollo. El pensamiento económico convencional ha tendido a evadir una discusión frontal sobre la desigualdad y sus efectos sobre la economía. Recordemos que América Latina es considerada la región más desigual del planeta y esta desigualdad tiende a acentuarse. Se ha argumentado que la desigualdad es simplemente una etapa inevitable de la marcha hacia el desarrollo, es decir, algo natural. Incluso, algunos extremistas señalaban que "la acumulación de recursos en pocas manos favorecerá el desarrollo al crear mayores capacidades de inversión". La evidencia indica que la desigualdad es un obstáculo para el desarrollo, pues no solo excluye del mercado a millones de ciudadanos, sino sobre todo genera escenarios de conflictos que rápidamente pueden evolucionar a situaciones de ingobernabilidad. La desigualdad no se modera o limita sola. La desigualdad tampoco es un hecho natural. La desigualdad debe ser enfrentada directamente.

Quinta: La desvalorización de la política social. Frente a la necesidad de priorizar las políticas sociales para enfrentar la pobreza, los voceros del modelo económico señalaban que "la única política social es la política económica" . Por eso la preeminencia de los ministros o asesores económicos. En consecuencia, se ha tendido a dar a las políticas sociales una importancia menor que otras políticas como las de privatización, crecimiento económico, equilibrios monetarios, desarrollo productivo. Las políticas sociales han sido siempre relegadas a un segundo plano. Para estos ortodoxos la política social es "una concesión política orientada a calmar los ánimos de los pobres". Es decir, la vieja practica de "dar algo, para que no cambie nada". La política social, a diferencia de los neoliberales, es sumamente importante. No debe centrarse en cuestiones marginales, sino debe ser considerada como la llave para la acción contra la desigualdad de carácter estructural y para enfrentar de verdad la pobreza y las inmensas privaciones que significa.

Sexta: La maniqueización del Estado. Los convencionales han hecho un gran esfuerzo para desprestigiar y deslegitimar la acción del Estado. Hay que reconocerles que han sido exitosos en aplicar el maniqueísmo o "tendencia a interpretar la realidad en base a una valoración interesadamente equivocada". En todo caso, el único Estado bueno para ellos es aquel que sirve a los intereses del crecimiento económico, que bien sabemos que en realidades nuestras beneficia a pocos y no a la gran mayoría. Frente a la idea errónea de un Estado omnipresente e ineficiente, se postuló un Estado mínimo. Se ha asociado la idea de Estado con corrupción, con ineficiencia, con grandes burocracias que no aportan nada, con despilfarro de recursos. Evidentemente se aprovecharon de los defectos existentes en el funcionamiento de las entidades públicas. Pero se llegó al extremo de afirmar y promover "que toda acción llevada en el terreno público sería negativa para la sociedad, mientras que el mercado nos llevaría al reino de la eficiencia y a la solución de los principales problemas económico-sociales" . Además difundieron la concepción de que existe una oposición de fondo, frontal, entre Estado y sociedad civil. La maniqueización del Estado tiene una consecuencia concreta, al deslegitimarla deja abierto el camino para su debilitamiento y la desaparición paulatina de las políticas públicas en campos cruciales como los sociales.

Séptima: La incredulidad y desconfianza sobre el aporte de la sociedad civil. Estos ortodoxos sembraron también dudas sobre las posibilidades de aporte de la sociedad civil en los procesos de desarrollo y en la solución especifica de los problemas sociales. Priorizan el mercado, la fuerza de los incentivos económicos, la gerencia de negocios, la maximización de las utilidades como motor del desarrollo, saludan las señales que pueden ser buenas para el mercado. Los aportes de la sociedad civil son considerados como secundarios, casi marginales. Este enfoque es el que condiciona que el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil sea casi simbólico, muy pobre; y, de otro lado, se acentúa también la desconfianza en sus capacidades de acción. Desconocen deliberadamente la fuerte participación de las OSC en el desarrollo social en el mundo actual, por ejemplo, produciendo capital social.

Octava: La participación; si, pero no. La participación cada vez más activa en la gestión de los asuntos públicos surge como una exigencia concreta de las mayorías. Los avances de la democratización crean condiciones de libre organización y expresión y de involucramiento en procesos democráticos, lejos del verticalismo y autoritarismo, altamente ineficientes. Un campo donde se da esto es el de los programas sociales, particularmente en la lucha contra la pobreza. No obstante los aportes de la participación ciudadana, se levantan los perjuicios y las resistencias profundas a que las comunidades participen. Por supuesto a la hora del discurso político, se reconoce lo valioso de la participación, pero en el momento de las decisiones, se crean obstáculos o se ubica la participación en aspectos marginales, no decisorios. Una vez más está presente el clásico "divorcio entre el discurso y la realidad", pero la participación viene consagrándose definitivamente como un componente imprescindible en la gestión pública moderna.

Novena: La elusión ética.- Los ortodoxos y el grueso de empresarios escabullen normalmente la discusión sobre las implicancias éticas de los diferentes cursos de acción posibles. Lo que se privilegia siempre es el costo / beneficio económico, se desprecia prácticamente la situación de la vida de la gente. Se prioriza la discusión sobre los medios y no los fines, se opta por el "camino del pragmatismo", para evitarse problemas con los grupos de poder. Por ejemplo, ¿quién gana y quien pierde con la falta de voluntad para hacer la reformas fiscales?. La respuesta es obvia. Hay resistencia a identificar las consecuencias de las políticas, sean estas económicas, sociales, ambientales, económicas. Es indispensable reestructurar el sistema de valores en que la civilización descansa. Sin embargo los ricos y sus voceros se niegan a reflexionar en torno al criterio y exigencia formulado por muchos autores en el sentido de "que no es posible que los estratos prósperos de las sociedades ricas se libren de la carga de conciencia que significa la convivencia con realidades masivas de abyecta pobreza y sufrimiento en el mundo, y que deben encarar de frente su situación moral".

Décima: No hay otra alternativa.- Pero los ortodoxos no queden en lo ya señalado. Alegan también que las medidas económicas que ellos proponen son las únicas posibles y que no existen otras alternativas. Por tanto, los graves problemas sociales que crean son inevitables, no hay nada que hacer. Esta es una expresión de fundamentalismo. No reconocen la larga experiencia del siglo XX, plena en fracasos históricos de modelos de pensamiento que se auto representaban como el "pensamiento único". El desarrollo es tan heterogéneo y demasiado complejo como para aceptar que solo puede existir una sola vía. El clamor por cambios en las regiones que están pagando las consecuencias del modelo único empobrecedor y excluyente es grande, pero se insiste: No hay otras alternativas. Se prefiere no prestar oídos a cosas muy delicadas.

Kliksberg culminaba su artículo señalando que las sociedades latinoamericanas no pueden ser indiferentes frente a los infinitos dramas que surgen de la problemática social de la región y que deben ser muy autocríticas con la racionalización de la situación los autoengaños tranquilizadores. Y nos recordaba también la voz del gran escritor Carlos Fuentes quien en 1995 afirmó categóricamente: "Algo se ha agotado en América Latina, los pretextos para justificar la pobreza".

2. ¿Siguen vigentes estas falacias?

Las falacias señaladas de extensa circulación hace más de una década siguen vigentes en el pensamiento y prácticas de no pocos personajes y organizaciones de nuestra región. Ellas, sin duda, constituyen una visión distorsionada de los problemas sociales de la región y de sus causas, y lleva a graves errores en las políticas públicas. No ayudan a superar la pobreza ni la desigualdad, más bien las refuerzan estructuralmente.

¿Estas falacias tienen alguna presencia e impacto en el Perú de hoy, años 2006?. Lamentablemente sí y en muchos aspectos. Por ejemplo, la falta de propuestas claras que ataquen las causas de fondo de la pobreza y exclusión en el país y la ausencia de una verdadera reforma de las políticas sociales para superar su fragmentación, su ineficiencia, la subcobertura, el asistencialísmo; el cuestionamiento de las OSC particularmente las ONGS que trabajan temas relacionados con la protección de los derechos humanos y la transparencia en la administración de justicia por altos voceros del gobierno. Al respecto resulta muy claro lo que el mismo autor nos dice:

"El Perú tiene el 48% de la población total y el 66% de la población indígena, por debajo de la línea de pobreza. Esto significa que uno de cada dos peruanos tiene dificultades para sobrevivir Y aquí como en toda América Latina la pobreza mata. La tasa de mortalidad materna del Perú es el doble que la del promedio de la región, que a su vez es ocho veces la tasa de mortalidad materna de Canadá. La pobreza tiene rostro de mujer, de niño, de indígena. Yo no conozco ninguna prioridad más grande que combatir la pobreza. La reforma fiscal es fundamental, pues a veces se exige que los pobres paguen igual que los no pobres. Si se busca una economía con rostro humano es necesario una reforma fiscal, no hacerla o evitarla es antiético" [2].